XALAPA, VER. — La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ha clausurado un total de 191 tiraderos a cielo abierto en el territorio veracruzano como parte de una estrategia para frenar la disposición irregular de residuos sólidos, informó el procurador estatal, Ángel Carrizales López.
Al término de la tradicional Guardia de Honor en el parque Los Berros, el funcionario estatal recordó que la operación de estos sitios infringe la legislación ambiental. En ese sentido, advirtió que los ayuntamientos que incumplan con la normativa serán sujetos a severas sanciones económicas y juicios de reparación del daño, cuyos montos e implicaciones técnicas —como estudios de suelo y recuperación de mantos acuíferos— dependerán de la magnitud de la afectación en cada demarcación.
«“No hay dinero que alcance incluso para poder resarcir totalmente un daño ambiental como tal. Lo que se busca es que no se vuelva a repetir”, sentenció Carrizales López.»
Respecto a las recientes contingencias ambientales por hidrocarburo detectadas en playas de la entidad y el incidente de un pozo en Las Choapas, el procurador aclaró que, si bien la PMA colaboró en las tareas de contención y limpieza de las trazas contaminantes, la dependencia a su cargo carece de facultades legales para sancionar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Carrizales puntualizó que la responsabilidad de auditar las causas, cuantificar el volumen del derrame y fincar responsabilidades administrativas corresponde exclusivamente a las dependencias federales y a la Secretaría de Medio Ambiente (SEA).
Cuestionado sobre el manejo de residuos y la presunta entrega de una concesión de un relleno sanitario vinculada a los familiares del fallecido diputado federal Yasen Escobar, el titular de la PMA rechazó involucrarse en controversias mediáticas.
El funcionario aclaró que la procuraduría bajo su mando no investiga los nombres de los propietarios de los predios, sino las condiciones técnicas en las que operan. Asimismo, precisó que cualquier indagatoria sobre la asignación del basurero compete de forma directa al Congreso del Estado, debido a que fue el Poder Legislativo el encargado de otorgar dicho título de concesión.
En materia de protección a la fauna, el procurador anunció que se han fortalecido los esquemas de verificación a albergues clandestinos en colaboración con la Sedema y la Fiscalía General del Estado.
Como una medida inédita, la PMA comenzó a condicionar los resolutivos de remediación de las empresas contaminantes, obligándolas a donar insumos médicos. Gracias a esta estrategia se han recaudado 17 kits con los que se han realizado cerca de 1,700 esterilizaciones gratuitas de caninos y felinos.
Finalmente, detalló que el rescate del refugio «La Roca» avanza de forma favorable con la adopción de la mayoría de los caninos, quedando en resguardo únicamente 30 perros y 20 gatos. Adelantó que ya se planifica la edificación de un nuevo centro de bienestar animal que contará con el respaldo de un ayuntamiento local y el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle García.