XALAPA, VER. — El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) analiza la posibilidad de iniciar un proceso de expropiación de terrenos ejidales en el municipio de Perote, con el objetivo de regularizar asentamientos humanos y otorgar certeza jurídica a familias que carecen de escrituras, informó el jefe del Departamento Jurídico de la dependencia, Óscar Jesús Hernández Cabrera.
Al término de la tradicional Guardia de Honor en el parque Los Berros, el funcionario estatal aclaró que este procedimiento por causa de utilidad pública se aplicará exclusivamente en la zona urbana y dependerá totalmente de la anuencia y el respeto a los derechos del comisariado ejidal.
Ante la preocupación social por el crecimiento urbano y la problemática ambiental en la región, Hernández Cabrera fue enfático al descartar que este proyecto afecte al Parque Nacional: “No el Cofre de Perote, ¿verdad? No se va a expropiar. Justamente se quiere regularizar ya los asentamientos humanos”, puntualizó.
Subrayó que las áreas naturales protegidas no pueden ser objeto de regularización por parte del instituto y que las leyes federales impiden incorporar zonas de reserva al desarrollo urbano.
El funcionario reconoció que muchas familias en la entidad llevan décadas esperando la escrituración de sus lotes. Por ello, el Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) del INSUS trabaja intensamente para abatir el rezago en Veracruz, recordando como antecedente exitoso la reciente entrega de escrituras celebrada el pasado 4 de septiembre.
Cuestionado sobre la presencia de asentamientos irregulares dentro de reservas ecológicas protegidas, el jefe jurídico admitió no contar con una cifra precisa en el momento. Sin embargo, precisó que en esos casos la política institucional no es la regularización, sino la reubicación de las familias a zonas seguras, tal como ocurrió en la localidad de Cutxingo.
Finalmente, el esquema planteado para Perote sigue la línea de casos previos en la entidad, como el del ejido Sumidero en Xalapa o la colonia Empleados de la SARH en Martínez de la Torre, donde tras 35 años de espera, los habitantes lograron certificar legalmente sus viviendas gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno.