XALAPA, VER. — El Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) respaldará la postura que adopten sus agremiados respecto a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas, afirmó su secretaria general, Celeste Angélica Villegas Sánchez.
Al término de la tradicional Guardia de Honor en el parque Los Berros, la dirigente magisterial señaló que los dispositivos móviles se han transformado en una herramienta de trabajo para los docentes. Por ello, consideró que el debate estatal no debe centrarse en una prohibición absoluta, sino en establecer reglas claras sobre su aplicación pedagógica dentro de las aulas.
La discusión cobró fuerza luego de que la gobernadora Rocío Nahle García planteara restringir estos aparatos en las escuelas de educación básica de la entidad. Ante esto, Villegas Sánchez recordó que la propia mandataria estatal se comprometió a tomar en cuenta la opinión de los profesores antes de emitir cualquier lineamiento definitivo.
«En la libertad que se tiene como ciudadanos de poder utilizar la tecnología y los medios de comunicación es algo que no podemos coartar. Sin embargo, tenemos que ser respetuosos», manifestó la líder del sindicato, el cual cuenta actualmente con cerca de 4 mil agremiados en todo el estado.
Cuestionada sobre los planteles que impiden el ingreso a alumnos por motivos de apariencia, específicamente por llevar el cabello largo, la secretaria general advirtió que los reglamentos internos no pueden estar por encima de las garantías individuales.
«Cada una de las instituciones educativas tiene sus lineamientos internos. Recordemos que hoy nosotros tenemos que ser respetuosos de los derechos de nuestros alumnos», sostuvo, haciendo un llamado a que los acuerdos escolares sean consensuados entre autoridades, docentes y padres de familia.
En el panorama social, Villegas Sánchez reconoció que la inseguridad es una problemática generalizada que afecta a los maestros en todas las regiones de Veracruz, una situación que se mantiene bajo alerta ante la proximidad del pago de prestaciones al magisterio.
Asimismo, reveló que a casi un año de las inundaciones que azotaron a los municipios de Álamo y Poza Rica, las comunidades escolares continúan enfrentando serias dificultades para recuperar la normalidad. Detalló que la reactivación ha sido compleja debido a que el daño trascendió la infraestructura educativa, afectando los servicios de drenaje, agua limpia y la economía de las familias de los estudiantes, quienes en su mayoría perdieron todo su patrimonio.