El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó al Pleno una iniciativa de decreto que adicionaría la fracción XXVI Bis al Artículo 97 de la Ley de Turismo estatal, con la finalidad de incorporar entre las obligaciones de las y los prestadores de servicios turísticos la adopción y difusión de los protocolos y mecanismos vigentes para prevenir, atender de manera inmediata y canalizar ante las autoridades competentes posibles casos de violencia contra las mujeres y las niñas que ocurran con motivo de la prestación de un servicio.
Durante la Séptima Sesión Ordinaria y en nombre de la bancada, la diputada Estefanía Bastida Cuevas explicó que actualmente el referido Artículo de la Ley de Turismo reúne las obligaciones de las y los prestadores de servicios y que entre ellas se encuentran profesionalizar a su personal, observar la legislación aplicable, cumplir las obligaciones de capacitación, seguridad y salud, y garantizar al usuario la tranquila y segura disposición de los bienes y servicios contratados.
Agregó que aunque esas reglas ofrecen una base general de seguridad, no establecen una obligación específica para actuar frente a posibles casos de violencia contra las mujeres y las niñas, “la propuesta llena ese vacío sin modificar los derechos de las personas visitantes, el sistema de verificación o la distribución de atribuciones prevista en la propia ley”.
De igual manera, precisó que la iniciativa no sustituye a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Salud (SS) o al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), ni a las instancias municipales competentes. “La canalización significa facilitar el contacto con la autoridad o servicio que corresponda y proporcionar la información básica disponible, sin prejuzgar sobre la existencia de un delito o responsabilidad”.
Por otra parte, la legisladora destacó que la propuesta no crea dependencias, unidades administrativas, plazas, fondos, subsidios, registros, plataformas, sistemas o programas. “Las autoridades competentes aplicarán la reforma mediante las actividades de capacitación, orientación, inspección y coordinación que ya realizan, con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios autorizados”.
Finalmente, expuso que, de aprobarse esta modificación, no se generaría antinomia con la legislación laboral o de protección al consumidor, toda vez que, cuando la persona afectada sea trabajadora del sector, conservará las vías laborales y administrativas aplicables; cuando sea usuaria, mantendrá los derechos que le correspondan como visitante y consumidora.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Turismo, y Para la Igualdad de Género.