Con la finalidad de fortalecer la protección jurídica de las personas frente a conductas fraudulentas que afecten su patrimonio, la diputada Elizabeth Morales García presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaría una fracción XIV al Artículo 217 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
De acuerdo con la propuesta, se aplicarían las penas previstas para el delito de fraude a quien se ostente falsamente como gestor, intermediario, representante, asesor, apoderado, servidor público, persona autorizada o vinculada con alguna autoridad, dependencia, institución pública, notaría o profesional facultado, sin contar con las facultades, autorización, representación o vínculo jurídico que afirme tener, con el propósito de realizar, obtener, agilizar o facilitar, para sí o para un tercero, la regularización, escrituración, titulación, inscripción, transmisión o cualquier otro acto destinado a otorgar certeza jurídica sobre un inmueble.
Y que con motivo de dicha conducta obtenga para sí o para otro un beneficio económico o patrimonial, cause un perjuicio patrimonial a la víctima, obtenga de ella documentos de propiedad patrimonial originales u obtenga su firma en contratos o documentos que le ocasionen un perjuicio patrimonial.
La iniciativa detalla que se entenderá que existe falsa ostentación cuando el sujeto activo atribuya a su persona facultades, autorizaciones, relaciones, funciones, o capacidades institucionales que jurídicamente no posea y dicha afirmación sea utilizada como medio para inducir o mantener en error a la víctima.
Asimismo, precisa que será considerada como circunstancia relevante para la individualización de la sanción la utilización de nombres, cargos, logotipos, sellos, formatos, documentos, comunicaciones, instalaciones, identificaciones, imágenes o cualquier otro elemento destinado a generar en la víctima la apariencia de una relación, autorización o intervención oficial inexistente.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales dijo que su propuesta está orientada a que el derecho penal responda de manera más precisa frente a una realidad concreta y particularmente sensible: el fraude cometido contra quienes buscan poner en orden, escriturar, regularizar o proteger jurídicamente su patrimonio.
Manifestó que la certeza sobre el patrimonio no debe ser un privilegio, sino más bien una garantía, “el patrimonio de las familias veracruzanas debe contar con una protección jurídica acorde con su importancia económica, social y humana”.
Previamente, la legisladora aseveró que la protección del patrimonio inmobiliario significa también proteger el proyecto de vida de las personas y que su Iniciativa parte de la premisa que nadie debe perder el patrimonio que construyó durante años porque otra persona decidió aprovecharse de su desconocimiento, necesidad o confianza mediante una falsa representación institucional.
A la iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, se adhirieron el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la diputada Janix Liliana Castro Muñoz y el diputado Ramón Díaz Ávila.