La Mesa Directiva turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la iniciativa presentada por la diputada Dorheny García Cayetano que propone reformar el Artículo 173 del Código Penal para el Estado de Veracruz, con el objetivo de fortalecer la protección a las víctimas del delito de amenazas y brindar mayor certeza en su investigación y sanción.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora explicó que dicha propuesta establece un tipo penal con elementos más precisos, el cual prevé una pena de seis meses a tres años de prisión y una multa de hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa este ilícito.
Además, precisa que la amenaza deberá consistir en un mal grave, determinado y verosímil, valorado conforme a las circunstancias del hecho, los medios empleados y la relación entre las partes. Del mismo modo, se amplían los bienes jurídicos protegidos y se contemplan, expresamente, los vínculos de parentesco, conyugal, de concubinato, afectivo, de cuidado o de dependencia.
La iniciativa plantea aumentar las penas en una mitad cuando la amenaza se cometa con armas, de forma anónima o grupal, o bien contra mujeres por razones de género, menores de edad, periodistas o personas defensoras de derechos humanos, indicó García Cayetano.
Del mismo modo, se incorpora el incremento de las penas, así como la destitución e inhabilitación, cuando el delito sea cometido por un servidor público valiéndose de su cargo. Explicó que la querella se mantiene como regla general; sin embargo, el delito se perseguirá de oficio en los supuestos de mayor riesgo o vulnerabilidad.
Al destacar que la propuesta reconoce claramente que las amenazas pueden realizarse por cualquier medio, señaló que permitirá considerar las comunicaciones escritas y digitales como datos de prueba relevantes para la investigación.
Finalmente, la legisladora afirmó que la reforma busca reducir la discrecionalidad en la valoración de las amenazas, facilitar la integración de las denuncias, brindar mayor certeza a fiscales y juzgadores, así como proporcionar una respuesta diferenciada a las víctimas en situaciones de mayor riesgo.
A la iniciativa se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la diputada Elizabeth Morales García y el diputado Ramón Díaz Ávila.