El diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada presentó al Pleno una iniciativa que busca incorporar la definición de acoso escolar en la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz e, igualmente, plasmar el reconocimiento expreso del derecho a un ambiente libre de violencia escolar.
De esta manera, el legislador plantea adicionar la fracción I Bis al Artículo 3 de la referida ley para establecer que el Acoso escolar es toda conducta, acto u omisión reiterada que provoque daño físico, psicoemocional, patrimonial o sexual a una niña, niño o adolescente, realizada dentro del entorno escolar o bajo la supervisión de las instituciones educativas, y que derive de una relación desigual de poder que impida a la víctima defenderse adecuadamente.
Asimismo, en el Artículo 10 busca precisar como derecho fundamental de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el derecho a un ambiente escolar libre de acoso, violencia y discriminación, que les asegure condiciones de integridad, bienestar emocional, participación plena y protección reforzada frente a cualquier forma de agresión dentro de las instituciones educativas.
El diputado Adrián Ávila Estrada expresó que la incorporación de la definición de acoso escolar y el reconocimiento expreso del derecho a un ambiente escolar libre de violencia representan un avance sustancial en la protección de niñas, niños y adolescentes con condiciones del espectro autista, “estos elementos normativos permitirán desarrollar protocolos de actuación específicos para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, atendiendo sus características particulares y las barreras que enfrentan para comunicar situaciones de violencia o solicitar apoyo”.
Previamente, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que su iniciativa se debe a que la legislación actual no establece bases normativas para la creación de protocolos de actuación ante casos de acoso escolar hacia personas con TEA y que la ausencia de estos lineamientos limita la capacidad de las autoridades educativas para responder de manera oportuna, adecuada y especializada, “y deja sin protección reforzada a quienes enfrentan mayores barreras para denunciar o comunicar situaciones de violencia”.
Finalmente, indicó que esta modificación normativa abre la puerta para impulsar futuras reformas en materia de inclusión educativa, orientadas a mejorar los mecanismos de protección, ampliar las adaptaciones razonables y fortalecer la participación plena de estudiantes con condiciones del espectro autista en la vida escolar.
Para su análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, y de Educación y Cultura. Se adhirieron a la propuesta el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Ana Rosa Valdés Salazar y el diputado Héctor Yunes Landa.