El diputado del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Urbano Bautista Martínez, presentó al Pleno una iniciativa, con proyecto ante el Congreso de la Unión, que prevé reformar y adicionar diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en materia de financiamiento para la preservación y revitalización de las lenguas indígenas nacionales.
De acuerdo con la propuesta del legislador Bautista Martínez se pretende establecer una regla legal del destino aplicable exclusivamente a los recursos que, en cada ejercicio fiscal, sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al componente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), reconociendo sus porcentajes como bases iniciales de integración y regulando de manera expresa la separación presupuestaria del Fondo dentro del dicho monto.
De igual manera, determina que el 10 por ciento del Fondo se reservará para financiar proyectos comunitarios de preservación, revitalización, desarrollo, enseñanza, documentación, transmisión intergeneracional y difusión de las lenguas indígenas nacionales.
Los proyectos serán aprobados, administrados y ejercidos directamente por los pueblos y comunidades indígenas y, en lo conducente, por las comunidades equiparables legalmente reconocidas que resulten beneficiarias, mediante sus asambleas, autoridades e instancias comunitarias, con acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin sustitución de sus decisiones.
El diputado Urbano Bautista señala que su propuesta es necesaria, idónea y proporcional porque, protege íntegramente la parte afromexicana, evita crear gasto adicional, preserva la autonomía de las asambleas, excluye expresamente los recursos comunitarios de mecanismos de garantía, embargo o ejecución y establece controles compatibles con la administración directa.
Además, protege las obligaciones financieras preexistentes mediante un régimen de transición y mantiene la reserva como complementaria de las obligaciones ordinarias de las autoridades educativas, culturales, de justicia y atención pública.
De aprobarse la Iniciativa en el Congreso de la Unión, se solicita que el oficio de remisión haga constar que, antes de la elaboración, votación y aprobación del dictamen federal, deberá realizarse -por conducto de sus instituciones representativas- una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las comunidades equiparables, con la finalidad de obtener su consentimiento o alcanzar acuerdos.
La propuesta fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado, de Hacienda Municipal y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes. De aprobarse por el Congreso del Estado, se remitiría al Poder Legislativo Federal para el trámite correspondiente.