El Congreso de Veracruz avaló, con 35 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, un conjunto de reformas por las que se armoniza la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado con el marco constitucional en materia de elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Se trata de la actualización de las reglas orgánicas relativas a la integración y renovación de las presidencias de los órganos jurisdiccionales, la adscripción posterior a la toma de protesta, la evaluación del desempeño durante el primer año de ejercicio, las licencias, las ausencias definitivas y las vacantes, la renuncia de quienes pretendan contender por un cargo distinto y la comunicación oportuna de los cargos sujetos a elección.
Esta puesta al día, moción del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue respaldada por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales mediante un dictamen que fue discutido y votado por las y los diputados de la LXVII Legislatura en la Décima Sesión Extraordinaria.
De acuerdo con el proyecto, en materia de presidencias de los órganos jurisdiccionales, las de los Tribunales Superior de Justicia y de Disciplina Judicial recaerán únicamente en magistradas o magistrados electos para integrar el órgano correspondiente. Una vez firmes los resultados de la elección judicial, el Pleno del Tribunal Superior aprobará y publicará el orden de prelación que regirá la renovación de su presidencia.
Determina que la elección de las juezas y los jueces de Primera Instancia se realizará por el principio de mayoría relativa, en una sola circunscripción estatal y atendiendo a la materia o especialidad del cargo. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la toma de protesta, el Órgano de Administración Judicial realizará la adscripción de las personas electas en correspondencia con la materia o especialidad de su elección.
Lo que mandata el artículo 62 de la Constitución Política del estado referente a las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial en materia de evaluación, capacitación y actualización permanente, es incorporado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicando que las personas juzgadoras son sujetos de la evaluación.
Se encuentran también las previsiones constitucionales relativas a las licencias de las juezas y los jueces que excedan de un mes, a la declaración y comunicación de las vacantes, a la renuncia de quienes pretendan contender por un cargo de elección judicial distinto al que ocupan y a la remisión al Congreso del Estado de la información de los cargos sujetos a elección.
Además, se armonizan las disposiciones relativas a las presidencias de los órganos del Poder Judicial con las reglas constitucionales aplicables, se precisa el régimen de evaluación del desempeño durante el primer año de ejercicio y se desarrolla la duración y el carácter rotatorio de la Presidencia del Órgano de Administración Judicial.
Para asegurar la congruencia interna y la operación de las disposiciones que se reforman, se incorporan precisiones directamente relacionadas con la organización del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.
Por último, quedan coordinados los artículos 150 Bis, 152, 152 Bis, 153, 174 y 174 Bis en materia de licencias, renuncias, ausencias y vacantes de juezas y jueces, y se faculta al Secretariado Ejecutivo para certificar copias o reproducciones de la documentación administrativa que obre bajo su resguardo.
Posicionamientos de diputados
Desde la tribuna, el diputado Diego Castañeda Aburto expresó el sentido positivo del voto del Grupo Legislativo de Morena, ya que, explicó, el dictamen profundiza el espíritu democrático de la reforma judicial, fortalece la profesionalización de las personas juzgadoras, se armoniza con las disposiciones constitucionales respecto a la autorización de licencias sin goce de sueldo, la declaración de vacantes por fallecimiento o ausencia definitiva y el procedimiento a seguir en caso de renuncia de juezas y jueces de Primera Instancia y se ratifica la demarcación de la elección judicial. Con esto, concluyó, se consolida un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía.
El voto del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a favor del dictamen fue expuesto por su coordinador, diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, al considerar que fortalece la legitimidad democrática del Poder Judicial estatal, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana mediante un sistema de justicia eficaz y transparente, estableciendo lineamientos claros para la adscripción de los juzgadores electos, regular licencias y vacantes e introducir mecanismos de evaluación del desempeño para proteger el mandato popular frente a discrecionalidades administrativas.
