La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó la armonización del Código Electoral del estado con las bases constitucionales aplicables a la elección de personas juzgadoras, mediante la actualización de las reglas relativas a la convocatoria general, la evaluación y postulación de candidaturas, la jornada electoral, los cómputos y la sumatoria final, la declaración de validez y la asignación de cargos.
En la Décima Sesión Extraordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales, derivado de la Iniciativa presentada por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual obtuvo 35 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
En materia de convocatoria, se establece que el Congreso publicará la convocatoria general a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda, con las etapas, fechas y plazos improrrogables del procedimiento, y fija en los primeros diez días de abril del año anterior al de la elección la remisión al Congreso de la información contenida en el informe de cargos previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Respecto a la evaluación y postulación, las reformas desarrollan la integración y funcionamiento de los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado, la formación, para cada cargo, del listado de las cuatro personas mejor evaluadas y su depuración mediante insaculación pública hasta reducirlo a dos postulaciones, y regulan la información que deben presentar las personas juzgadoras en funciones que pretendan contender por un cargo distinto al que ocupan, así como la cancelación de candidaturas a cargo del Congreso del Estado cuando se incumpla esa obligación.
En cuanto a la jornada electoral, se dispone que la ubicación de las casillas en las que se reciba la votación sea la que determine el Instituto Nacional Electoral (INE) y se prevé que la elección judicial se desarrolle sin la intervención de representaciones de partidos políticos.
Por lo que toca a los resultados, los cómputos se realizarán de manera pública en los órganos desconcentrados que determine el Consejo General, los cuales emitirán las constancias de resultados correspondientes y las remitirán de inmediato al Consejo General, para que éste efectúe la sumatoria final por tipo de elección.
Con respecto a la calificación de la elección, se establece un plazo para que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resuelva los medios de impugnación relacionados con los resultados, la declaración de validez y la asignación de cargos antes de la fecha constitucionalmente prevista para la toma de protesta.
Posicionamientos de diputadas y diputados
El diputado Felipe Pineda Barradas fijó la postura del Grupo Legislativo de Morena respecto a esta reforma, la cual, aseguró, responde con rigor técnico y oportunidad a los mandatos de las Constituciones Políticas federal y estatal. Así, se dota de certeza al procedimiento, se fortalece la calidad democrática y la excelencia técnica del proceso y se salvaguarda la imparcialidad de éste.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), habló de la necesidad de contar con reglas claras que permitan operar correctamente en la próxima elección judicial, que las distintas etapas puedan funcionar entre sí y que el proceso llegue jurídicamente resuelto al momento en que las personas electas asuman el cargo.
Tras manifestar su voto en contra del dictamen, la diputada Montserrat Ortega Ruiz señaló que el diseño original del sistema jurisdiccional mexicano busca proteger a las instituciones de las mayorías coyunturales y servir como un contrapeso indispensable ante el poder, por lo que esta reforma, dijo, vulnera los mecanismos de control democrático y el orden constitucional.
La diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que el mecanismo propuesto compromete la autonomía judicial al mezclar evaluaciones de perfil, procesos de insaculación y decisiones de mayorías. Explicó que, bajo este esquema, la participación ciudadana queda condicionada debido a que las decisiones se tomarían antes del sufragio.
El legislador Héctor Yunes Landa cuestionó lo referente al perfil curricular y los antecedentes profesionales y académicos de los aspirantes a juzgadores y el procedimiento de elaboración de las reformas respecto a la obligatoriedad o no de los requisitos.
