Por unanimidad de votos, la LXVII Legislatura avaló diversas reformas al Código Penal y a la Ley Apícola para el Estado de Veracruz para fortalecer la protección del patrimonio de las y los apicultores veracruzanos, preservar una actividad estratégica para la producción de alimentos y contribuir a la conservación de la biodiversidad.
El dictamen, que registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, destaca que estas modificaciones establecen un marco jurídico más sólido para prevenir y sancionar el robo de bienes apícolas; asimismo, castigan los daños ocasionados a las colonias de abejas por el uso indebido de plaguicidas y modernizan el régimen administrativo aplicable a esta actividad productiva.
En materia penal, se incorporan expresamente los bienes apícolas dentro del delito de robo, incluyendo equipo, insumos, colmenas pobladas o vacías, núcleos de abejas y subproductos indispensables para la producción, además, se incrementan las sanciones cuando estos ilícitos se cometan en el medio rural, atendiendo a la vulnerabilidad de los apiarios frente al robo organizado.
De igual forma, se equipara al delito de daños la muerte de colonias de abejas o la destrucción parcial o total de apiarios, cuando sea consecuencia del uso de plaguicidas, agroquímicos u otras sustancias tóxicas que contravengan las disposiciones fitosanitarias, protegiendo el patrimonio de los productores sin invadir las competencias federales en materia ambiental.
En el ámbito administrativo, las reformas a la Ley Apícola incorporan el aseguramiento precautorio de colmenas, equipos, productos y subproductos cuando exista riesgo de movilización irregular. Además de establecer procedimientos específicos para garantizar su adecuada conservación, la supervivencia de las colonias vivas y el respeto al debido proceso.
También se actualiza el sistema de sanciones para expresarlas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), se fortalecen los mecanismos de trazabilidad de los bienes apícolas y se prevé que, cuando existan indicios de hechos delictivos, la autoridad administrativa dé vista a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con esta reforma, subraya el dictamen, se reconoce que la apicultura representa una actividad económica fundamental para miles de familias veracruzanas dedicadas a la producción de miel, cera, propóleo, polen y jalea real, además de desempeñar un papel indispensable en la polinización de los cultivos y la conservación de los ecosistemas.
Posicionamientos
En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dulce María Hernández Tepole reconoció a la apicultura como un pilar de la soberanía alimentaria, la biodiversidad y el sustento familiar. Destacó que esta reforma combatirá de manera puntual el robo organizado de colmenas y equipos, así como la mortandad de abejas causada por el uso irresponsable de agroquímicos.
Estas medidas, indicó, prevén otorgar protección legal y seguridad a los pequeños y medianos productores, al cerrar espacios de impunidad que permitían la destrucción de su patrimonio y asegurar que el esfuerzo de las familias veracruzanas no sea robado ni envenenado.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Urbano Bautista Martínez respaldó el dictamen y aseguró que la reforma protegerá el patrimonio de los apicultores veracruzanos al endurecer las penas contra el robo de colmenas, la actualización de multas y los nuevos protocolos de aseguramiento erradicarán la impunidad. Asimismo, calificó la modificación como un acto de justicia social y ambiental que fortalecerá la economía de las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas.
Por último, la diputada Elizabeth Morales García, representante del Partido del Trabajo (PT), afirmó que la aprobación de este dictamen fortalecerá el marco jurídico para proteger la biodiversidad, el patrimonio y el sustento de miles de familias apicultoras. Subrayó que la medida no solo mitigará las pérdidas económicas causadas por la delincuencia, sino que también garantizará la polinización natural, un pilar indispensable para la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico del campo veracruzano.