- Familias vulnerables y adultos mayores toman las calles del centro histórico; denuncian llamadas de muerte para frenar su lucha y exigen la devolución inmediata de sus hogares.
Xalapa, Ver.— En un acto de dignidad y resistencia civil, decenas de familias xalapeñas trancaron la circulación de la calle Juan de la Luz Enríquez para lanzar un grito de auxilio directo a la gobernadora Rocío Nahle García. Los manifestantes, víctimas de una red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario de Xalapa, exigen una audiencia urgente tras años de sufrir despojos legalizados mediante firmas falsas, escrituras apócrifas y notarías cómplices.
La protesta civil escaló en indignación cuando los propios afectados rompieron el silencio y denunciaron que la mafia inmobiliaria ahora opera bajo esquemas de terror. Martha Patricia Aguilar Rendón, una de las voces ciudadanas del movimiento, reveló haber recibido amenazas de muerte explícitas en su teléfono celular el pasado viernes: «Nos hablaron para decirnos ‘le paras o te mueres’, pero ya no tenemos miedo. Basta de tanta impunidad en Veracruz», sentenció ante los medios de comunicación.
La comunidad exige que el Gobierno del Estado actúe bajo tres demandas ciudadanas urgentes:
- Restitución inmediata de viviendas: Exigen aplicar la jurisprudencia federal que obliga a la Fiscalía a devolver las casas a sus verdaderos dueños cuando se acredita el fraude.
- Cárcel a delincuentes de cuello blanco: Demandan castigo real para los notarios y criminales que operan la red, quienes siguen libres a pesar de estar plenamente identificados en denuncias penales que la Fiscalía mantiene congeladas.
- Protección a las víctimas: El movimiento, que ya contabiliza más de 200 casos similares en todo el estado, afecta principalmente a adultos mayores, por lo que exigen garantías de seguridad ante las recientes amenazas de muerte.
Los afectados advirtieron que no liberarán la lucha ni se dejarán intimidar por el miedo colectivo. Las familias xalapeñas hicieron un llamado a toda la sociedad veracruzana a solidarizarse con su causa, pues afirman que bajo este Modus Operandi, el patrimonio de cualquier ciudadano está en riesgo constante.