XALAPA, Ver., 9 de noviembre de 2026.— El contralor general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Gerardo Rafael Garza Dávila, enfrenta una denuncia penal por presunta administración fraudulenta en el Club Social y Deportivo Las Ánimas, S.A. de C.V. —conocido como Club Britania de Xalapa—, donde las posibles irregularidades financieras se estiman entre 10 y 15 millones de pesos, además de una solicitud formal ante autoridades electorales y legislativas para revisar su permanencia en el cargo público.Así lo informó en entrevista con medios de comunicación el presidente del Consejo Provisional del club, Marcos Salas Contreras, quien detalló que el escrito oficial —fechado el 6 de noviembre de 2026 y firmado junto con Fernando López Ochoa y José Othón Flores Consejo— fue entregado a la consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, con sellos de recepción del Congreso del Estado y copias dirigidas al Instituto Nacional Electoral (INE), a la gobernadora Rocío Nahle García, al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Luis Vicente Aguilar Castillo, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández.
La petición solicita determinar si existe incompatibilidad legal o conflicto de interés, bajo el argumento de que la normativa exige dedicación exclusiva al titular del Órgano Interno de Control del organismo electoral y restringe el desempeño de otros cargos administrativos mientras enfrenta señalamientos penales por su gestión en una entidad privada.
De acuerdo con la documentación presentada, la denuncia quedó radicada bajo la carpeta de investigación 989/2026 en la Fiscalía Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial, con sede en Xalapa, iniciada el 7 de abril de 2026 por el presunto delito de administración fraudulenta y lo que resulte. Salas Contreras señaló que, aunque las sospechas iniciales apuntaban a un faltante de siete millones de pesos, la revisión de registros fiscales reveló facturas presuntamente apócrifas, pagos por trabajos cuya ejecución cuestionan, posibles operaciones con empresas simuladoras y un presunto desembolso de medio millón de pesos para financiar honorarios de un abogado vinculado a la directiva anterior, aclarando que aún no cuentan con una auditoría definitiva.
Según estimaciones del Consejo Provisional, el club percibe ingresos anuales de entre 80 y 100 millones de pesos, y la directiva saliente habría intervenido en operaciones por cerca de 60 millones de pesos después de haber sido destituida en una asamblea celebrada el 18 de abril de 2026. «Yo creo que fácil puede haber ahí unos 10, 15 millones que están ahí bailando», declaró el dirigente, quien afirmó que, tras protocolizar el acta ante la Secretaría de Economía y el Registro Público de Comercio, ya recuperaron el acceso a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el control de tres cuentas en Santander y una en BBVA.
Respecto al origen y la validez jurídica de la disputa, Salas Contreras explicó que a la asamblea de abril acudieron alrededor de 200 de los 947 socios —mencionando inicialmente 190 votos—, defendiendo que la sesión se realizó en segunda convocatoria conforme a los estatutos ante la falta de quórum inicial. En contraste, la directiva encabezada por Garza Dávila ha rechazado previamente las acusaciones de malos manejos, argumentando que recibieron el club con un déficit superior a los 4.8 millones de pesos, que lograron sanear las finanzas y cubrir laudos laborales heredados, y que la validez de su representación se mantiene vigente conforme a los estatutos y a las resoluciones emitidas en el ámbito civil mientras las autoridades judiciales resuelven el litigio.