Con la finalidad de fortalecer el derecho humano a la vivienda, la seguridad jurídica patrimonial, la función social del suelo y el desarrollo urbano ordenado, la diputada Elizabeth Morales García presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de Ley de Consolidación Patrimonial y Regularización Integral de Colonias Populares del Estado de Veracruz, la cual no generaría estructuras burocráticas nuevas ni comprometería recursos fuera de la planeación presupuestal existente.
Durante su participación en la Quinta Sesión Ordinaria, la legisladora indicó que la creación de la figura de Colonia Popular Consolidada permitirá que el Estado reconozca formalmente aquellas comunidades que cumplan criterios objetivos de antigüedad, ocupación efectiva, infraestructura y viabilidad territorial.
Agregó que este reconocimiento no constituiría por sí mismo un título de propiedad, sino un acto jurídico habilitante que obligaría a las autoridades estatales y municipales a iniciar procesos integrales de regularización patrimonial con enfoque colectivo.
Precisó que la iniciativa incorpora salvaguardas jurídicas estrictas para evitar efectos indeseados, tales como: exclusión de asentamientos recientes, prohibición de aplicar en zonas de riesgo, exclusión de áreas naturales protegidas, respeto a derechos de vía y coordinación obligatoria con municipios.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) subrayó que con el objetivo de simplificar y acelerar la regularización, se establece un modelo de gestión basado en expedientes territoriales únicos que integran información catastral, registral, urbanística y social.
Previamente, Morales García dijo que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una proporción significativa de la población urbana en México reside en asentamientos que no cuentan con plena certeza jurídica sobre la propiedad o posesión del suelo, situación que se agrava en entidades con alta expansión urbana como Veracruz.
Detalló que esas colonias, pese a su origen irregular, presentan actualmente características de consolidación material, es decir, cuentan con viviendas permanentes, infraestructura básica, servicios públicos, vialidades, escuelas y dinámica económica activa. “Sin embargo, persiste una brecha entre la realidad social y la realidad jurídica del suelo”.
Afirmó que esa falta de regularización genera múltiples consecuencias, tales como: inseguridad patrimonial para las familias, imposibilidad de acceder a créditos de vivienda, limitaciones para heredar o transmitir propiedades, rezago en la recaudación catastral municipal y obstáculos para la planeación urbana.
El proyecto de ley, que consta de cinco capítulos, 11 Artículos y tres disposiciones transitorias, será analizado por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el diputado Ramón Díaz Ávila.