- Los afectados exhibieron escrituras con antecedentes desde 1954 para defender el único patrimonio de su familia.
- Señalan la existencia de una prescripción positiva en 2018 que generó conflicto en las inscripciones de la propiedad.
XALAPA, VER. — Una familia originaria del municipio de Las Vigas de Ramírez denunció públicamente un presunto intento de despojo de un terreno que conforma su patrimonio familiar. Los afectados acusaron que una serie de actuaciones de administraciones pasadas, sumadas a decisiones del actual Ayuntamiento, han entrampado la certidumbre jurídica de la propiedad, por lo que anunciaron que llevarán el caso ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
En conferencia de prensa celebrada en la capital del estado, Sandra Mota Landa, acompañada por Luz del Carmen Mota Landa y Antonio Mota Domínguez, mostró a los medios de comunicación carpetas notariales, planos, constancias registrales y boletas de inscripción con sellos oficiales para sustentar que el inmueble fue adquirido de manera legal directamente del dueño original. «Es el único patrimonio con el que cuenta la familia de años de trabajo», manifestó la portavoz.
El punto medular del conflicto radica en una prescripción positiva registrada en el año 2018 durante una gestión municipal anterior, la cual generó una inscripción sobre el predio que entra en conflicto directo con los derechos que reclama la familia Mota. La denunciante calificó dicho procedimiento como irregular y lo vinculó públicamente con la posible operación de un «cártel inmobiliario» en Las Vigas de Ramírez, aunque acotó que no existe aún un dictamen judicial que confirme dicha red.
Sandra Mota Landa dirigió sus inconformidades hacia el actual presidente municipal, Rafael Marín de la Luz, a quien acusó de intervenir en la controversia e intentar hacer valer la prescripción del 2018 en lugar de respetar las escrituras antiguas de su familia. Los denunciantes explicaron que se encuentran solicitando formalmente los antecedentes catastrales para determinar qué exfuncionarios y qué administraciones participaron en la modificación jurídica del estatus de las tierras.
La familia también fincó responsabilidades en contra de Javier Morales, un particular a quien señalan de tener un interés directo en apropiarse del terreno y de intentar escriturarlo a su nombre, lo cual consideran improcedente debido a la cadena de propiedad previa. Los quejosos afirmaron que el conflicto les ha impedido ejercer la posesión plena del inmueble y lanzaron una acusación de gravedad al asegurar que Morales ha emitido amenazas de muerte en contra de su tío, situación de la que dijeron poseer documentación de respaldo.
Tras la exposición ante los medios, los afectados exhibieron expedientes previos derivados de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias de la FGE. Anunciaron que acudirían de inmediato ante el ministerio público para promover las carpetas de investigación correspondientes por las amenazas recientes y el intento de despojo del predio.