- La magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández afirma que los casos pendientes avanzan en desahogo de pruebas y audiencias.
XALAPA, VER. — El Poder Judicial del Estado de Veracruz mantiene un nivel de resolución en tiempo del 99.3 por ciento en los asuntos que le son turnados. Así lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEV), Rosalba Hernández Hernández, quien precisó que el porcentaje restante de expedientes que continúan abiertos no presenta retrasos injustificados, sino que avanza de manera regular conforme a sus plazos legales y etapas procesales.
Entrevistada al término de la tradicional Guardia de Honor a Miguel Hidalgo y Costilla en el parque de Los Berros, la funcionaria explicó que la permanencia de un caso no significa que se encuentre congelado. Detalló que los órganos jurisdiccionales se encuentran desahogando de forma rigurosa los periodos probatorios y la celebración de audiencias, pasos indispensables antes de emitir cualquier dictamen definitivo.
Al ser cuestionada por los representantes de los medios de comunicación sobre la existencia de denuncias o inconformidades en contra de jueces en funciones, la presidenta del Tribunal confirmó que se les está dando el seguimiento correspondiente mediante las instancias internas encargadas de la vigilancia judicial. Sin embargo, la magistrada evitó proporcionar una cifra exacta de los juzgadores involucrados.
Hernández Hernández argumentó que estos procedimientos administrativos se encuentran protegidos por la ley bajo estricto sigilo procesal. Explicó que revelar datos o adelantar conclusiones vulneraría el debido proceso, además de recordar que la presentación de una queja ciudadana no acredita de forma automática una irregularidad o culpabilidad del servidor público hasta que las pruebas sean evaluadas.
Frente a las inquietudes ciudadanas sobre las determinaciones de los tribunales, la titular del Poder Judicial hizo hincapié en que una sentencia emitida por un juez de control o de primera instancia no representa el fin del camino jurídico para la parte afectada.
Destacó que el sistema legal veracruzano y mexicano contempla mecanismos de impugnación e instrumentos de control constitucional. Esto permite a los ciudadanos recurrir a una segunda instancia o, en su caso, acudir ante los tribunales colegiados federales a través del juicio de amparo, garantizando con ello que las resoluciones sean analizadas de manera transparente por un órgano judicial distinto al original.