Xalapa, Ver. — El presidente municipal de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por su presunta responsabilidad en los delitos de despojo, fraude, abuso de autoridad y lo que resulte, tras ser acusado de tomar posesión ilegal de una residencia de 3.5 millones de pesos en Xalapa sin haber concluido su pago.
En conferencia de prensa, Luis Burillo Arenas, en representación de su familia, expuso que en octubre de 2025 se firmó un contrato notariado de compraventa para un inmueble ubicado en el fraccionamiento Residencial Las Cumbres. No obstante, el edil únicamente cubrió un enganche inicial de 1.5 millones de pesos —con retraso— y dejó de saldar dos pagos posteriores de un millón de pesos cada uno, pactados para diciembre de 2025 y febrero de 2026.
A pesar del incumplimiento financiero, el denunciante afirmó que el alcalde presuntamente tomó posesión de la vivienda en la calle Fujiyama utilizando su investidura y acompañado por elementos de seguridad.
«En ningún momento acordamos entregarle las llaves antes de que terminara de pagar la casa. Hoy nosotros ya no tenemos la posesión de un patrimonio construido con muchos años de trabajo», recriminó Burillo Arenas.
El afectado reveló que al buscar al munícipe para exigir la liquidación del inmueble o la restitución de la propiedad, este le habría propuesto cubrir el saldo pendiente mediante la asignación de licitaciones de obra pública en el Ayuntamiento de Jalcomulco, oferta que fue rechazada por considerarla un acto explícito de corrupción.
«¿Cómo voy a trabajar para pagarme mi propia casa? No voy a aceptar que me paguen mi patrimonio condicionándolo a una licitación de obra pública», sentenció.
Burillo Arenas exhibió los acuses de las denuncias formalizadas los días 21 y 24 de julio de 2026 ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial y la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, confirmó que se inició un juicio civil para la rescisión del contrato de compraventa.
Finalmente, el denunciante hizo un llamado a las autoridades ministeriales para que el cargo público del edil no interfiera ni genere fueros o favoritismos en el deslinde de responsabilidades penales.
