- Denuncian que la FGE intentó archivar el homicidio de Imanol, de 16 años, mediante un acuerdo ilegal con el esposo de la conductora involucrada.
- Abogado de la familia revela el otorgamiento de amparos federales que podrían invalidar las actuaciones de las fiscales investigadas.
XALAPA, VER., a 20 de julio de 2026. – Familiares y la representación legal de Imanol Lara Fuentes, adolescente de 16 años que perdió la vida tras un accidente vial, denunciaron públicamente una red de presuntas irregularidades, simulación de actos jurídicos y fraude procesal cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz para favorecer a la presunta responsable.
En conferencia de prensa y manifestación en la capital del estado, el asesor jurídico Jorge Roberto Andrade Rivas Ozorne acusó que la fiscal Kimberly Castro Jerónimo, adscrita a la Unidad de Atención Temprana (carpeta UXAL/1442/2025), omitió de forma deliberada investigar el caso como homicidio culposo tras el deceso del menor. En su lugar, el personal ministerial citó a los padres de la víctima —aprovechándose de su condición de vulnerabilidad social y educativa— para obligarlos a firmar un acuerdo reparatorio diferido con un tercero: Alberto Urzúa González, esposo de la conductora y quien carecía de calidad jurídica como imputado.
La defensa técnica señaló que la FGE pretendió usar dicho acuerdo fraudulento, el cual además se incumplió, para emitir el no ejercicio de la acción penal en noviembre de 2025 a favor de la conductora señalada, Hilda Alicia Viveros Peredo. A más de un año de los hechos —ocurridos el 9 de mayo de 2025 en la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de La Cumbre—, la automovilista no ha comparecido, no ha sido citada formalmente y no existen personas detenidas ni órdenes de aprehensión vigentes.
Asimismo, se denunció penalmente al representante de la aseguradora, Roger Iván Domínguez Hernández, por condicionar la entrega de un pase médico hospitalario para el menor lesionado a cambio de un «perdón judicial» extorsivo. Debido al retraso institucional y a la presunta negligencia médica posterior en el Hospital Regional de Xalapa, el adolescente falleció tras mes y medio de agonía.
Ante el bloqueo institucional, la familia promovió ocho juicios de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Villa Aldama. El abogado informó que ya se obtuvieron resoluciones favorables, incluyendo un amparo que ordena la recusación de las funcionarias que continuaron actuando de forma ilegal. Como consecuencia, se espera la invalidez total de las actuaciones ministeriales realizadas desde noviembre de 2025 y el avance de las denuncias presentadas contra la fiscal regional, la fiscal del caso y la excoordinadora de Unidades de Atención Temprana, Cecia Karen del Toro Ánimas.