Xalapa, Ver. — Representantes de cerca de 45 organizaciones de taxistas de distintas regiones de la entidad solicitaron de manera formal una audiencia con la gobernadora de Veracruz. El objetivo es instalar una mesa de diálogo que aborde con urgencia la actualización de tarifas, la regulación de las plataformas digitales de transporte y la armonización de la legislación veracruzana con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
En conferencia de prensa, la comisión estatal de transportistas —encabezada por Pedro Fernández Fernández, presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz— informó que el exhorto también va dirigido al gabinete estatal y a los diputados de la LXVII Legislatura, exigiendo el estricto respeto a la Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado.
Pedro Fernández señaló que las tarifas publicadas recientemente en la Gaceta Oficial del Estado se emitieron sin consultar al gremio. Explicó que, con base en estudios socioeconómicos y técnicos elaborados por su equipo jurídico, la tarifa mínima real del servicio debería ubicarse entre los 45 y 50 pesos.
Los transportistas argumentan que el encarecimiento de los insumos operativos vuelve inviable el esquema actual:
«No es posible que un litro de gasolina cueste alrededor de 28 pesos y pretendan que un servicio mínimo se cobre en 27 pesos», criticó Fernández. Asimismo, reconoció que, ante este desfase, la mayoría de los operadores ya pacta de manera voluntaria con los usuarios cobros de entre 40 y 46 pesos.
Los líderes transportistas aclararon que no rechazan la tecnología, sino la operación de vehículos particulares que prestan servicio público sin contar con una concesión estatal, lo cual vulnera el marco jurídico vigente.
Gustavo Hernández Pérez, representante de la Unión de Taxistas Libres de la Comunidad Central de Veracruz (G-10), enfatizó la desventaja competitiva en la que se encuentran, ya que los concesionarios absorben costos de tenencia, seguros especiales, licencias tipo A y revistas vehiculares obligatorias, obligaciones de las que están exentas las unidades particulares de las plataformas.
De acuerdo con estimaciones del gremio, la invasión de estas modalidades ha mermado considerablemente sus ingresos:
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Zona conurbada Veracruz–Boca del Río: Circulan entre 2 mil y 3 mil autos particulares, provocando una caída del 40% en la demanda del taxi tradicional.
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Xalapa: Operan cerca de mil unidades particulares, lo que representa una disminución del 30% en los servicios locales.
Como alternativa, Víctor Herminio González Rivera, secretario general de la Federación República de Trabajadores del Estado de Veracruz, reveló que ya presentaron al Estado un proyecto para implementar una aplicación digital exclusiva para taxistas concesionados, la cual operaría bajo la supervisión directa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para garantizar la seguridad de usuarios y choferes en tiempo real.
Por otra parte, los dirigentes denunciaron que Veracruz arrastra un rezago de casi tres años en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal, por lo que exigieron la instalación inmediata del Comité Técnico de Transporte para participar activamente en las reformas del sector.
Finalmente, Gustavo Hernández expuso una problemática administrativa crítica: la oficina encargada del emplacamiento de taxis en el puerto de Veracruz permanece cerrada desde noviembre de 2024. Esto ha obligado a los concesionarios a trasladarse a Xalapa para tramitar permisos provisionales de circulación. Advirtió que, según informes oficiales, dicha oficina podría reanudar funciones hasta enero de 2027, lo que frena la regularización de cientos de unidades en la costa.
El gremio concluyó haciendo un llamado a los transportistas de las diversas regiones del estado a unificar el movimiento y respaldar el pliego petitorio, reiterando que la ruta del sector se mantendrá por la vía del diálogo institucional.
