- El síndico José Luis Garza Rodríguez presentó una denuncia formal por daño al patrimonio municipal.
- Detectan desvío de recursos públicos y retenciones no enteradas de impuestos de la administración pasada.
- La alcaldesa Elsa María Flores respalda la acción y exige transparencia para proteger los recursos ciudadanos.
XALAPA, VER.– El síndico del Ayuntamiento de Villa Aldama, José Luis Garza Rodríguez, presentó una denuncia formal de hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE). La acción legal busca que se investiguen probables conductas delictivas cometidas en contra del patrimonio del municipio durante la administración anterior.
Acompañado por la presidenta municipal, Elsa María Flores, el funcionario explicó que la denuncia no constituye un señalamiento directo ni una acusación anticipada contra personas en particular, sino el cumplimiento de su obligación legal como representante jurídico del Ayuntamiento para reportar las irregularidades financieras detectadas durante la revisión administrativa.
Las conductas preliminares integradas en la carpeta de investigación incluyen la retención no enterada de impuestos (específicamente del Impuesto Sobre la Renta, ISR) heredada por el gobierno previo, así como el ejercicio indebido de atribuciones y facultades. La Sindicatura detectó que recursos etiquetados, provenientes de las retenciones fiscales y de fondos del Ramo 033 y programas federales, fueron presuntamente desviados hacia obra pública y otros rubros prohibidos por la normativa financiera vigente.
Las autoridades municipales confirmaron que los montos económicos afectados ya fueron cuantificados dentro del pliego de observaciones entregado al Ministerio Público; sin embargo, las cifras se mantienen bajo reserva para respetar el debido proceso y la secrecía de la investigación. El Ayuntamiento de Villa Aldama manifestó su total disposición para colaborar con la Fiscalía aportando las pruebas documentales necesarias, reiterando que el movimiento responde estrictamente a una agenda de legalidad y no a intereses políticos.