- Nayely Vanessa Narváez Sánchez solicita la revisión urgente de las actuaciones judiciales y del personal de CECOFAM.
- Existe una investigación penal abierta por presunto abuso sexual y medidas de protección a favor de la menor afectada.
XALAPA, VER.— En conferencia con medios de comunicación, Nayely Vanessa Narváez Sánchez hizo pública una enérgica denuncia institucional. Solicita la revisión formal del proceso civil que enfrenta ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar de este distrito judicial. La madre señala que durante el desarrollo del procedimiento se han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos y el bienestar emocional de sus dos hijos menores de edad.
Narváez Sánchez aclaró de forma contundente que su movilización no busca la obtención de privilegios procesales ni influir de manera ilícita en las decisiones judiciales. Su exigencia se centra en que se investiguen los hechos a fondo, se revisen minuciosamente las actuaciones de las autoridades involucradas y se garantice de forma efectiva el interés superior de la niñez.
El conflicto legal comenzó cuando su hija tenía apenas 11 meses de edad y se encontraba en etapa de lactancia. En ese momento, se determinó judicialmente su entrega a familiares del padre. A lo largo del juicio, la madre manifestó y documentó de forma reiterada diversas situaciones de riesgo para la menor, aportando pruebas y observaciones que no fueron atendidas con la debida diligencia por las autoridades correspondientes.
Posteriormente, el juzgado estableció un régimen de convivencias supervisadas a través del Centro Estatal de Convivencia Familiar (CECOFAM). Durante este periodo, Narváez Sánchez advirtió múltiples irregularidades y circunstancias de alerta que, asegura, el personal responsable omitió deliberadamente en los informes oficiales presentados al expediente.
La situación escaló gravemente al avanzar las convivencias, momento en que la madre comenzó a observar conductas alarmantes en la menor. Esto derivó en la presentación de una denuncia penal por el presunto delito de abuso sexual el pasado 1 de marzo de 2026. Dicha denuncia dio origen a la apertura de la carpeta de investigación 154/2026 ante la Fiscalía Especializada, autoridad que emitió de inmediato medidas de protección en favor de la niña.
La denunciante informó personalmente y por escrito al juez de la causa, Maximino Contreras Rosales, sobre la existencia de la carpeta de investigación penal y las medidas de protección vigentes. La madre exige que el juzgado civil actúe en total congruencia con el marco constitucional, detenga cualquier acto que revictimice o ponga en peligro a los menores y ordene una auditoría interna sobre el actuar de los funcionarios públicos vinculados al caso.