XALAPA, VERACRUZ.– La periodista María Fernanda De Luna Ferral, directora del portal Quinto Poder de Veracruz, denunció públicamente el retiro «arbitrario e ilegal» de su esquema de protección federal, el cual fue ejecutado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado sin la autorización del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral —asesinada en marzo de 2020—, señaló que el retiro de sus dos escoltas ocurrió el pasado sábado tras una notificación urgente emitida por el área jurídica de la SSP, pese a que su nivel de riesgo sigue siendo considerado como «alto».
Contradicción Institucional
La periodista rechazó tajantemente las versiones oficiales que sugieren el vencimiento de su plan de protección. Aseguró que su último esquema fue ratificado en diciembre de 2024 y que, legalmente, solo la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal tiene la facultad de modificarlo tras un análisis de riesgo previo.
«Fue una orden directa del Mecanismo Federal de Protección. La SSP no tiene ninguna injerencia ni competencia para modificar una medida brindada dentro de mi plan de protección», declaró.
Riesgo Vigente por el Caso Ferral
La vulnerabilidad de María Fernanda se mantiene ligada al proceso judicial por el feminicidio de su madre. Aunque hay avances significativos en la investigación, la periodista recordó que el caso no está cerrado:
- 9 personas detenidas (7 permanecen en prisión).
- 2 prófugos de la justicia, entre ellos el presunto autor intelectual, Basilio «N».
De Luna subrayó que ha recibido amenazas recientes derivadas de su labor periodística, por lo que el retiro de la custodia 24/7 la deja en una situación de indefensión total frente a personas que cuentan con capacidad económica y conocimiento de su ubicación.
Exigencia de Restitución
Ante la gravedad de los hechos, la comunicadora ya notificó tanto a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) como al Mecanismo Federal, solicitando la restitución inmediata de sus medidas de seguridad. Según relató, el propio organismo federal le confirmó que no existe ninguna instrucción de su parte para dejarla sin protección.
Hasta el momento, la periodista espera que las autoridades estatales acaten la normativa federal y garanticen su integridad física mientras continúa ejerciendo el periodismo en la región norte del estado.
