Cancún, Q. R., La Fiscalía General del Estado de Veracruz, representada por su Secretaría Técnica en nombre de la Fiscal General del Estado, participó en la 1ª Sesión Ordinaria 2024 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) Zona Sureste, integrada por las Fiscalías y Procuradurías de los estados de Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz.

Durante la sesión, se trataron varios temas, como las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la prisión preventiva oficiosa, los fallos adversos atribuibles a los primeros respondientes de las instituciones locales y al personal ministerial de las Fiscalías y Procuradurías estatales.

También se discutieron el proyecto para la actualización del convenio de colaboración entre las fiscalías, el estado de adopción del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia y los avisos judiciales del Registro Público Vehicular. Además, se acordaron acciones para fortalecer el Sistema Informático Nacional Interoperable y se presentó el proyecto de convenio de colaboración para compartir información sobre vehículos robados y homologar los procesos para su recuperación y devolución.

Se destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, las secretarías de seguridad estatales y los centros de comando y control en la lucha contra el robo de vehículos.

Durante la reunión se mostró que Veracruz se encuentra entre los estados con un Estatuto de Adopción Avanzado del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, por lo que ha comenzado a transmitir datos. Asimismo, se informó que todos los miembros de la Policía Ministerial de Investigación cuentan con el Certificado Único Policial.

La Fiscalía General del Estado expresó su apoyo a los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo, donde se promovió el intercambio de buenas prácticas entre las Fiscalías y Procuradurías para fortalecer las capacidades institucionales y buscar soluciones a diversas problemáticas.

Además, respaldó las acciones acordadas para reforzar la coordinación y el intercambio de información sobre vehículos robados, con el objetivo de combatir la delincuencia y garantizar el ejercicio de la procuración de justicia respetando los derechos humanos.