En el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se ha logrado hacer justicia ambiental para beneficio de los veracruzanos, sostuvo el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés.

Boca del Río, Ver.- Después de varios meses de trabajo y de negociaciones, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), encabezada por el maestro Sergio Rodríguez Cortés, signará un convenio para la extracción sustentable de piedra basáltica, cuya explotación se lleva a cabo por diversas empresas -debidamente reguladas- en dos regiones de la entidad veracruzana.

El convenio se circunscribe en un programa de certificación de Empresa Verde y Responsable, el cual se logra a través de auditorías ambientales aplicadas por la PMA a las empresas.

En conferencia de prensa realizada en la instalaciones de la dependencia estatal, el titular de la PMA destacó que durante la administración del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se ha logrado hacer justicia ambiental para los veracruzanos.

Y es que dijo que al ser Veracruz uno de los estados con mayor capacidad de extracción de piedra basáltica, se han tenido que aplicar rigurosas medidas de mitigación para contrarrestar los efectos que causan su extracción y que éstos sean los menos agresivos para el medio ambiente.

El funcionario explicó que por sus características esta piedra se utiliza para obras grandes de gran calado, como la del Tren Maya, por ejemplo.

“Ya tiene mucho años que esta piedra ha sido utilizada en Veracruz, incluso para la ampliación del puerto. Lógicamente, las empresas pasan por un proceso de legalización”, detalló.

En el caso que atañe actualmente, Rodríguez Cortés mencionó que existen dos regiones en Veracruz en donde se lleva a cabo la explotación de dicha piedra, una es la zona de los Tuxtlas y otra en Actopan y Alto Lucero.

En ese sentido expresó que hay un antecedente que refiere la existencia de permisos para que la extracción de la misma sea una actividad permitida por la ley.

“Hemos podido constatar que tienen manifiestos de impacto ambiental emitidos por la Semarnat”, dijo el funcionario, quien sostuvo que en definitiva las empresas que realizan esta actividad lo están haciendo de forma legal.

“Partimos de esa legalidad para poder establecer un convenio, de acuerdo a la instrucción del gobernador y del presidente, que permita continuar con los trabajos y que sus efectos sean los menos agresivos para el medio ambiente”.

A la fecha, recordó, existen diez empresas registradas: tres en Monte Pío y Balzapote -en la zona de los Tuxtlas-, y seis en Actopan y Alto Lucero.

“Estos son los bancos (de piedra) que tienen un procedimiento administrativo abierto y que la PMA puede llevar -en conjunto con ellos- un convenio de colaboración que nos permite la ley minera”.

En ese sentido, el funcionario resaltó que de acuerdo a la publicación realizada por la Profepa -en su página oficial con fecha 9 de mayo del 2018-, referente a la acreditación de la extracción de este material, la roca basáltica es una actividad que está regulada por la ley minera.

Sin embargo, aclaró, que si bien las empresas cuentan con su Manifiesto de Impacto Ambiental (MÍA), emitido por la autoridad federal, al final todo se remite al gobierno estatal, porque la roca basáltica es competencia del estado.

“Y sobre esto ya hay jurisprudencia y los procedimientos que hemos llevado a cabo están basados en la Ley Minera, en donde establece, de acuerdo al Artículo 4 fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, que la piedra es competencia de los estados”, expresó.

En el caso de Veracruz, señaló, dicho precepto establece que la regulación de estas empresas es competencia de la PMA.

“Es decir, a nosotros nos corresponde vigilar, supervisar y dar cumplimiento a todas las normas establecidas en esta materia”, sostuvo.

Rodríguez Cortés reconoció que las imágenes de la devastación de la actividad minera reflejan un daño importante al medio ambiente.

“Por eso la tarea de la PMA es compensar y tratar de regresar a su estado original después de ser explotados. Es lo que estamos tratando de hacer con este convenio.

En total, dijo finalmente, van registradas 82 denuncias contra las compañías en materia legal, que están perfectamente documentadas y que se están atendiendo.

Y como ejemplo mencionó el expediente 349/2021 -del 4 de marzo del 2022-, el cual, al no haber atendido las observaciones de la PMA, se llevó a cabo la detención de una persona por haber violentado los sellos “y tuvimos que remitirla a la autoridad competente y dar parte a la fiscalía especializada en delitos ambientales.

“Esto lo llevamos a cabo cuando vemos que los desarrolladores no se ajustan a la norma ambiental. Mientras ellos tengan los permisos y cumplan, nuestro deber es lograr la mitigación”.

Por eso se propone, dijo, el citado convenio jurídico, cuya firma podría concretarse en septiembre próximo.