La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que la menstruación «va a dejar de ser un tabú»; la reforma contempla una ampliación en derechos como el aborto y la educación sexual.

«Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada integralmente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes», se felicitó la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa, al finalizar el consejo de ministros. «La regla va a dejar de ser un tabú (…) Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó ‘empastillarse’ (tomar muchas medicinas) antes de ir al trabajo».

La ministra, perteneciente a la formación de izquierda radical Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, que se reivindica feminista, había indicado antes en la televisión pública RTVE que este permiso, que debe ser autorizado por un médico, no tendrá límite de días.

Una versión preliminar del proyecto de ley difundida la semana pasada por los medios hablaba de un permiso de tres días prorrogable hasta cinco en caso de síntomas agudos. El texto, que suscitó un intenso debate en los últimos días, deberá ser aprobado por el Congreso, donde el gobierno es minoritario, para entrar en vigor.

Una medida polémica, pero inédita en Europa

Si obtiene la luz verde de los diputados, España se convertirá en el primer país en Europa, y uno de los pocos en el mundo, como Japón, Indonesia o Zambia, en legislar sobre esta materia. Las bajas por menstruación incapacitantes será pagadas desde el primer día por la Seguridad Social, con lo que España también se convertiría en el primer país de la Unión Europea en regular una incapacidad temporal vinculada a la salud menstrual, pagada íntegramente por el Estado.

«Avanzamos en feminismo. Las mujeres deben poder decidir libremente sobre sus vidas», celebró Pedro Sánchez en Twitter, en referencia a este proyecto de ley que refuerza también el derecho al aborto en España.

En países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos algunas empresas ya conceden este permiso menstrual a sus empleadas, pero no está integrado en la ley. La medida, no obstante, ha levantado reticencias incluso dentro del propio ejecutivo —en el ala socialista de la coalición—y en algunos sindicatos.

«No podemos poner otra vez el foco de atención sobre las mujeres», alertó el viernes a Antena 3 Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la UGT (Unión General de Trabajadores), expresando su temor a medidas que «van a discriminar o a dificultar nuestra entrada en el mercado laboral».

Su visión no la comparte, sin embargo, Comisiones Obreras (CCOO), el otro gran sindicato español, que consideró la medida una «mejora notoria» para las «mujeres con menstruaciones especialmente dolorosas e incapacitantes que no siempre pedían u obtenían la baja».

Mayor acceso al aborto, la otra parte del proyecto de ley

Esta baja médica menstrual es una de las principales novedades de un proyecto de ley más amplio que prevé también reforzar el acceso al aborto en los hospitales públicos, donde se practican menos del 15 por ciento de estas intervenciones en el país debido a una objeción de conciencia masiva de los médicos.

Así, los hospitales tendrán que contar con personal para practicar abortos, de forma que la sanidad pública será «la red de referencia», y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Las mujeres podrán interrumpir su embarazo en el hospital más cercano a su domicilio. En la actualidad, la mayoría de los abortos se practican en clínicas privadas que tienen acuerdos con la Seguridad Social.

También brindará la posibilidad a las menores a partir de los 16 años de abortar sin permiso de sus padres, eliminando ese requisito instaurado por el gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2015. Las menores de más de 16 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y en Bélgica, Francia, Eslovenia, Suecia e Irlanda pueden, además, interrumpir su embarazo de forma voluntaria sin importar su edad.

El aborto en España se despenalizó en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero la interrupción del embarazo sigue siendo un derecho difícil de ejercer en un país de fuerte tradición católica, donde los movimientos antiabortistas son muy activos.

La nueva ley, según el Ministerio de Igualdad, amplía la aprobada en 2010 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, sin necesidad de argumentar ningún supuesto para solicitarlo.

La nueva norma también hace referencia a la educación sexual, que estará presente de forma obligatoria en todas las etapas, desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, pero también en prevenir enfermedades de transmisión sexual,  así como la distribución gratuita de la píldora anticonceptiva del día después en los centros de salud y de anticonceptivos en los colegios.

La norma contempla además la gratuidad de la píldora del día después en los centros de salud, la financiación de los anticonceptivos de nueva generación y también la promoción de estos fármacos para los hombres.

La ministra de Igualdad pretendía incluir también la reducción del IVA sobre los productos de higiene menstrual, del 10 al 4 por ciento, pero esta medida al final quedó fuera del texto. Por otra parte, considera la gestación subrogada una forma de violencia contra las mujeres, de forma que se perseguirá a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España y prohíbe su publicidad, aunque no castigará a quienes acudan a estas empresas.

Este nuevo proyecto de ley se aprueba cuando aún el Tribunal Constitucional no ha resuelto el recurso que presentó hace diez años el conservador Partido Popular (PP) contra la actual norma. España es un país considerado como uno de los pioneros en Europa en materia de feminismo desde la adopción en 2004 de una ley sobre la violencia de género. El ejecutivo progresista de Sánchez cuenta con más mujeres que hombres, 14 mujeres frente a nueve hombres, incluyendo al presidente del gobierno.

Fuente: Milenio.