El régimen de Ortega instala en sedes de escuelas privadas que suspendió, 3 estatales; busca romper con “comerciantes de la educación”; estudiantes acusan intento de evitar protestas

De la mano de la Asamblea Nacional nicaragüense, el régimen de Daniel Ortega se apoderó de las instalaciones de las universidades canceladas al convertirlas en tres instituciones estatales, hecho que estudiantes ven como un intento de controlar al sector.

A unos días de arrebatarle la personería jurídica a 12 planteles privados, lo que afectó a más de 10 mil alumnos de educación superior, el líder del Congreso sandinista, Gustavo Porras, presentó con carácter de urgente la creación de tres universidades para romper con “los comerciantes de la educación”, según declaraciones de aliados de Ortega.

En cuestión de minutos, tras una dispensa porque no se presentó anticipación, 90 sandinistas respaldaron el proyecto del Centro de Educación Superior al dar vida a las universidades Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, Nacional Politécnica y Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.

Éstas sustituyen a las sancionadas, al conservar las instalaciones tras sacarlas de operación por presuntas irregularidades y no transparentar sus finanzas; según la legislación se hará una transferencia “libre de pago de impuestos y de aranceles”, lo que va en contra de las reglas de cada institución sobre el destino de sus bienes en caso de disolverse.

La primera de la lista absorberá a las extintas universidades Hispanoamericana, Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Popular de Nicaragua y Pablo Freire; mientras que las otras dos harán lo propio con la Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la Católica Agropecuaria del Trópico Seco, con el respaldo del Consejo Nacional de Universidades (CNU), también cuestionado por los jóvenes al ceder ante la dictadura.

De acuerdo con la iniciativa y la postura de aliados del régimen, se dará continuidad a los programas de las escuelas desaparecidas —que ellos sepultaron— con igual calidad o superior para preparar a la juventud. Además, contarán con total autonomía en funciones, administración y temas económicos, así como plena capacidad y patrimonio propio, al reconocer a la educación como “factor fundamental para la transformación y el desarrollo” para impulsar el talento.

El sandinista Moisés Absalón aplaudió esta estrategia para acabar con “los comerciantes de la educación”, lanzándose contra las universidades que abandonaron a los jóvenes en pandemia. Acusó que las extintas entidades privadas abusaron de ellos al cobrarles de igual manera, aunque las clases eran virtuales, y reveló que también se deshicieron de parte de su plantilla académica.

Además, se detalló que el CNU designará a los rectores de estos centros educativos por hasta cuatro años, quienes podrán extender su mandato, pues se permitirá la reelección. Dicha medida coincide con los cambios en el poder a favor de Ortega para permanecer en la presidencia por tiempo indefinido, pues el mes pasado asumió su cuarto mandato al hilo al eliminar de la contienda a siete aspirantes presidenciales.

Horas después, el también aliado orteguista y segundo secretario del Congreso, Wilfredo Navarro, amagó con extender las suspensiones al señalar que algunas como la Universidad Centroamericana (UCA) no están al día con sus informes ante el Ministerio de Gobernación. Tras la sesión de ayer, refirió que no permitirán que escuelas privadas se conviertan en negocios, adelantando que éstas podrían sufrir las consecuencias de las anteriores, pues no habrá más prórrogas.

Sin embargo, descartó una persecución contra éstas, pero acusó que la UCA se convirtió en “un centro de terrorismo, un centro de promoción de violencia y de desinformación”. Mientras que simpatizantes del régimen llamaron a actuar de igual forma contra las que derrochan dinero y un usuario de Facebook identificado como AE Rodríguez sostuvo que la UCA “es nido de lavado de dinero crimen organizado”, en respuesta a la nueva ley publicada por el Consejo.

En medio de esta situación no queda claro qué sucederá con la matrícula actual de las instituciones cerradas, así como las alternativas para los jóvenes que no deseen estar en el sistema educativo de Ortega, pues algunos denunciaron que estas acciones de represalia sólo son un plan para confiscar los planteles de nivel superior, acabar con la libertad de pensamiento y tener un mayor control para evitar otro abril de 2018, cuando los estudiantes alzaron la voz contra la dictadura y ésta respondió matando a más de 300 jóvenes.

Otros más fueron más críticos al lanzarse contra el CNU por presuntamente aliarse con la mafia de Ortega y cerrar las opciones de estudio a los jóvenes, mientras algunos sectores denuncian que dicho cerco comenzó con semanas de anticipación, pues el plazo para presentar informes debía concluir a fin de mes.

Fuente: La Razón de México