Evidentes, pero invisibles

Es uno de los retratos más fieles de la desigualdad de cualquier país. Es el contraste, la ironía. Comunidades enteras que se observan desde las autopistas, que incluso se miran en imágenes satelitales como un trazo asimétrico que no puede ser producto de la planeación. Son los asentamientos irregulares, son la evidencia de condiciones que no son ignoradas, porque es imposible no verlas, pero que sí son minimizadas, invisibilizadas, porque ahí están, pero pareciera que no es así, al menos no para las autoridades ni para sus planes de gobierno.

Al momento en que escribo estas líneas, una joven, apenas mayor de edad, y sus dos pequeños, son buscados por binomios caninos y personal de rescate. Llevan ya cuatro días bajo los escombros de lo que hasta el viernes al mediodía fue su hogar. El ablandamiento de la tierra a causa de las lluvias, que este año llegaron con mucha más frecuencia e intensidad, y condiciones geográficas que siempre pusieron sobre aviso de los riesgos, se enfilan como las principales causas del ocurrido en el Cerro del Chiquihuite; pero la enorme pregunta es, si se trata de fincar responsabilidades, ¿quién o quiénes han permitido que a lo largo del país los asentamientos irregulares hayan crecido de tal forma? Porque es una problemática que ha rebasado a todos los niveles de gobierno y desde hace muchos años. Tantos, que incluso terminan por hacerlos parte del trazo urbano, pero sin otorgarles las condiciones mínimas necesarias para convertirlos en parte de la dinámica social. Sólo los dotan de un nombre y un lugar en el mapa, más no en las estrategias de desarrollo.

En México, una de cada cinco personas vive en un asentamiento irregular, pero la organización Techo señala que estas condiciones están tan invisibilizadas que ni siquiera hay una metodología que permita saber con precisión cuántos de estos asentamientos existen en el país. Sin embargo, las señales de que es un problema que urge por soluciones que no sean obligadas por un deslave, ahí están y desde hace muchísimas décadas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el mismo Cerro del Chiquihuite es terreno de asentamientos que lo mismo pertenecen a Tlalnepantla que a la alcaldía Gustavo A. Madero. Varios de ellos se observan desde la salida a Pachuca. Lo mismo ocurre con los asentamientos de los cerros que están detrás de éste y que aparecen hasta la primera caseta de cobro, ya en Ecatepec. Casas, casas y más casas que, en pleno 2021, se siguen levantando entre caminos y calles cuya presencia ni siquiera ha provocado que las autoridades locales ordenen la llegada de pavimento. Si no les dotan de servicios básicos, menos aun de seguridad. Éste es un asunto que lleva muchos años y que avanza tan rápido que apenas se les ha ocurrido dotar de pintura en algunas zonas para, al menos, así convertirlas en postales que evidencien menos esa desigualdad que representan.

Ninguna de las miles de familias que viven en estos asentamientos puede ser culpable por establecerse en zonas sumamente peligrosas; los responsables son quiénes se los han permitido y no les han otorgado la posibilidad de levantar sus hogares en zonas que los pusieran en menos riesgo. El trazo urbano ha sido uno de los grandes pendientes de esta ciudad (y de varias en el país), porque a pesar de su evidencia, la omisión: cuánto tiempo pasó para que a Tláhuac, por ejemplo, llegara un transporte masivo como el Metro y, bueno, ya sabemos qué ocurrió.