AMLO, en la boleta del 2021

Arsenal

FRANCISCO GARFIAS

 

 

 

16 de Marzo de 2019

Podría apostar que Andrés Manuel López Obrador no irá por la reelección. No sólo porque, como él mismo se define, es “maderista”  y no un  “ambicioso vulgar”,  sino por  la edad –tendría 70 años en el 2024–; lleva un frenético ritmo de trabajo y trae las secuelas del infarto que sufrió en el 2013. 

Aunque alguien lo haya visto como “corredor keniano”, su condición le exige no excederse, darle descanso a un cuerpo “aflojado en terracería” –las palabras son de él– y comer sano.

No comparto, pues, los temores de la oposición y de algunos intelectuales que ven en el revocatorio un primer paso para la reelección.

Más bien veo en el dictamen sobre Consulta Popular y Revocación de Mandato, aprobado el jueves en San Lázaro,  la intención de que el nombre de AMLO, quien tiene una popularidad muy alta, aparezca en la boleta de la elección intermedia de junio del 2021.  Es la fecha que marca la minuta.

La mayoría de los políticos obradoristas no confía en sí misma. Tampoco  en la marca Morena. No son pocos los que llegaron a sus cargos vía la utilización de la imagen de AMLO. Saben que Andrés Manuel es un imán.

La minuta va a la Cámara alta. Los senadores de oposición deben hacer bloque –como ocurrió con la Guardia Nacional–  y no dar su brazo a torcer en la fecha del revocatorio para la Presidencia.

La consulta para la revocación del mandato presidencial está programada, como ya apuntamos, para el día de la elección federal intermedia, en junio del 2020.

La lógica indica que debería hacerse cuando AMLO cumpla tres años –la mitad de su mandato– en la Presidencia de la República (diciembre del 2020)

Dos cositas más sugiere Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para mejorar la minuta:

Que el revocatorio no pueda ser solicitado por el Presidente de la República y que en la Constitución se diga que una consulta no puede usarse para permitir la reelección.

  • Ya está la ruta  para la Reforma Educativa. La tarde del miércoles próximo se dictamina en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales. La idea es que seis días después (el 26 de marzo) la Cámara de Diputados lo vote en el pleno. 

Seguros estamos de que el borrador del proyecto no le va a gustar nadita a la CNTE. Un documento comparativo de la Reforma que se deroga y la que viene deja claramente establecido que los sindicatos no van a manejar la nómina, como otrora ocurría.

Las plazas y promociones se otorgarán conforme a la ley, y no al sistema de premios y castigos que impuso la cúpula sindical para promocionar a los maestros.

El documento, en poder de los coordinadores de los grupos de oposición, destaca la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación superior (antes era sólo hasta la educación media y superior).

Eleva también, a nivel constitucional, la rectoría del Estado  sobre la educación.

Deroga todo el párrafo 3 del artículo tercero que hablaba de la idoneidad de los docentes y la garantía que el Estado debe dar en materia de calidad en la educación obligatoria, materiales y métodos educativos.

El párrafo cuatro se transforma radicalmente. El proyecto hace énfasis en el enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva que deberá tener la educación; el respeto a todos los derechos, libertades, dignidad de las personas y la cultura de la paz. 

En el párrafo sexto (adicionado) reconoce que maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por lo tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actuación, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para  cumplir los objetivos del Sistema Educativo Nacional.

El párrafo octavo (adicionado) deja claro que la admisión, promoción y reconocimiento de la función docente, directiva o de supervisión, se realizarán a través de procesos de selección, los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones.

“Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de ley.”  

Su reporte de ayer sobre México habla de la tendencia del gobierno de fortalecer el papel del Estado en Pemex y la CFE, en detrimento de la inversión privada.

Habla también de la próxima elección de los cuatro integrantes que deberán llenar los asientos vacíos en la Comisión Reguladora de Energía.

Dice el  reporte: “El Presidente intentará designar a personas que estén alineadas y subordinadas a sus objetivos. En febrero, envió al Senado las propuestas para cumplir con estos roles, pero durante sus audiencias quedó claro que carecían de experiencia y conocimientos técnicos”.

El periodo para ratificar las nominaciones finalizó ayer. Después de esta fecha, destaca el Grupo, el Presidente tiene la capacidad de nombrar a los miembros de la Junta Directiva sin la aprobación del Congreso.

López Obrador podría enviar nuevas listas para algunas de las vacantes, ya que aún no se ha alcanzado un consenso, pero, al igual que los nominados ya presentados, cualquier persona que elija estará alineada con los objetivos del Presidente y lo ayudará a avanzar en su agenda. 

“El debilitamiento de los reguladores de la energía continuará, y el gobierno capturará o presionará a las agencias para que actúen en nombre de los objetivos del gobierno, lo que provocará un deterioro en los procedimientos de toma de decisiones y la calidad de las políticas en el sector”, puntualiza Grupo Eurasia.

Fuente Excélsior