Cambio de régimen: dudas y riesgos

Retrovisor

IVONNE MELGAR

Cambio de régimen: dudas y riesgos

Los últimos días de octubre han registrado anuncios, señales y advertencias sobre eso que el Presidente electo llama un cambio de régimen.

Eso es lo que ofreció en campaña y así lo ha confirmado en su gira del agradecimiento: cambio de régimen.

Al definir de qué se trata ese cambio, Andrés Manuel López Obrador afirma que será pacífico, radical y profundo y que arrancará de raíz la corrupción.

En sus palabras, para conseguir esa meta deberá dejarse atrás el sistema político que colocó a los gobernantes al servicio de unos cuantos.

Eso es lo que sabemos.

Lo que no sabemos aún, es si ese cambio de régimen incluye a las instituciones y al marco jurídico y legal que, al menos en el papel, nos rige.

Ateniéndonos a lo sucedido en este otoño, nos atrevemos a señalar que sí, que tanto para el Presidente electo como para sus bases políticas y parlamentarias, la poda institucional y constitucional se da por descontada.

Por lo pronto, López Obrador ya prescindió del Inegi para el levantamiento del censo de la población susceptible a recibir los apoyos sociales de su gobierno. Y confió esa recopilación a gente de su equipo partidista.

Y en el caso de la consulta sobre el NAIM, ahora en curso, nuestro futuro gobernante desdeñó al Instituto Nacional Electoral (INE) como organizador y se saltó lo establecido en la ley sobre esa figura de la democracia directa.

Si bien la oposición (PRI, PAN, PRD), intelectuales, analistas y periodistas criticaron ese desdén al INE, López Obrador logró involucrar en este ejercicio a miles de ciudadanos.

En la defensa de la legalidad y certidumbre de la consulta organizada por Morena, el Presidente electo contó con sus legisladores, quienes convirtieron la tribuna de la Cámara de Diputados en un espacio de campaña en contra de la obra de Texcoco.

Durante la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, este jueves 25 de octubre, morenistas, petistas y representantes del PES defendieron la legitimidad de ese ejercicio bajo dos argumentos reiterados: la obra de Texcoco está manchada por la corrupción del sexenio y los 30 millones de votos de López Obrador le permiten decidir cómo quiere gobernar.

Particularmente significativa fue la reflexión de la joven diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de 26 años, de las juventudes morenistas mexiquenses, que dirigiéndose a las bancadas del PRI y del PAN alegó que el pueblo de México les había cedido la responsabilidad de conducirlo.

“Si nos equivocamos o no en cómo vamos a gobernar México, es algo que se va a definir en los próximos meses. Nosotros sabemos y la gente tiene muy claro que ustedes han gobernado muy mal y por eso reprobaron el primero de julio. Entonces, no se preocupen, si es legal, no es legal (la consulta), si votan, si no votan, si se colocaron casillas o no, ustedes ya no tienen la batuta, ya nos cedió el pueblo de México el poder y ellos van a decidir”.

La intervención de la diputada Zagal Ramírez ilustra el alcance que el cambio de régimen tiene en las expectativas de los bastiones morenistas.

Desde esa narrativa, lo existente en materia institucional y constitucional más que insumos del Estado mexicano corresponde a un pasado repudiable, en tanto se construyó bajo los gobiernos de los partidos perdedores.

Se trata de una narrativa que choca sin embargo con la promesa del Presidente electo de que ahora tanto él como sus seguidores habrán de ir “por el camino de la reconciliación, de la concordia, de la unidad”.

Ese mensaje fue reiterado en la clausura de la consulta para la pacificación, en el Archivo General de la Nación, este miércoles 24 de octubre, cuando López Obrador reveló que la elección de sus futuros titulares de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y Marina, José Rafael Ojeda, la hizo con auxilio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según el relato del Presidente electo, pidió al ombudsman Luis Raúl González Pérez información sobre qué tantas recomendaciones por violaciones a los derechos humanos tenían los generales y almirantes perfilados para ambos cargos. Y optó por aquellos cuyo expediente estaba limpio.

Al confesar su criterio de selección, López Obrador descobija y castiga a los elementos de las Fuerzas Armadas que fueron requeridos para combatir a organizaciones del crimen organizado.

Y al advertir, junto con esa confesión, que en su gobierno no habrá ni guerra ni exterminio ni represión, el Presidente electo sembró otra duda: ¿el cambio de régimen incluye la renuncia al uso de la fuerza del Estado?

En las próximas horas quedará despejada la incógnita de cómo López Obrador habrá de inaugurar su relación con el empresariado, al anunciar su propuesta para el NAIM.

Sabremos hasta qué grado el cambio de régimen prometido incluye ajustes de fondo para el poder económico.

Por lo pronto, los señalamientos del Presidente electo al periodista Carlos Loretsembraron una preocupación entre el gremio: si la descalificación pública hacia sus críticos también está prevista en el cambio de régimen.