Certeza a la sociedad y a las Fuerzas Armada

Escaño abierto

ARTURO ZAMORA

Certeza a la sociedad y a las Fuerzas Armadas

Al admitir su permanencia en las regiones afectadas por la inseguridad, también se debe aceptar el imperativo de contar con un marco jurídico actualizado.

11 de Septiembre de 2018

El Presidente electo reconoció, en días pasados, la necesidad de mantener el apoyo y la presencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, lo que ha vuelto a atraer la atención pública sobre la decisión pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

Esto supone que, al admitir la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y caminos de las regiones afectadas por la inseguridad pública, también se debe aceptar el imperativo de contar con un marco jurídico actualizado que regule sus actividades y garantice el apego a los derechos humanos.

De lo contrario, sería claramente irresponsable y contraproducente aceptar que se mantenga el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública sin que dispongan de la certidumbre jurídica sobre estas actividades.

Por eso hay que subrayar la reciente declaración del Presidente electo de que respetará y, desde luego, acatará la resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

La rectificación del Presidente electo contrasta con la actuación de los legisladores de Morena durante la legislatura pasada, al votar en contra de la Ley de Seguridad Interior. También corrige, a tiempo, la idea que AMLO manejó, en forma persistente, durante su campaña electoral de crear una “guardia nacional”. Ésta es una figura prevista en nuestra Constitución Política, pero de naturaleza por completo distinta, incluso obsoleta, pues es una reminiscencia de los tiempos de guerra y los batallones de civiles en casos de emergencia nacional.

Para López Obrador, esta guardia nacional sería ni más ni menos que un cuerpo unitario formado por las policías federales, estatales y municipales, junto con los activos del Ejército y la Armada. Nadie ha explicado cómo dar base legal a dicha institución ni se ha aclarado que para lograrlo habría que resolver múltiples y complejos problemas legales, administrativos, políticos y logísticos.

Por otro lado, se da marcha atrás a la decisión, anunciada por el futuro secretario de Seguridad, de un retiro inmediato de las Fuerzas Armadas de sus funciones de apoyo a la seguridad pública, manejando ahora la versión de su regreso a los cuarteles cuando concluya la siguiente administración.

Lo anterior nos remite al ámbito de actuación de la SCJN, así como al lineamiento jurisdiccional que se emita respecto a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

Seguramente, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación y sus ministros actuarán con sensibilidad ante esta inédita circunstancia, pues la finalidad última es dar certeza a las Fuerzas Armadas y a la sociedad ante un problema tan complejo y doloroso de nuestra realidad nacional.

La fuerza de los hechos ha puesto a los tres poderes de la Unión en una circunstancia en que la nación espera respuestas responsables y eficaces. Confiamos en sus capacidades y en su compromiso institucional con el bienestar y la seguridad de los mexicanos, pues todos reconocemos que los problemas que México enfrenta en el ámbito de la seguridad pública y de la impartición de justicia son complejos y requieren estrategias y soluciones proporcionales.

                * Secretario general de la CNOP.