Bitácora: López Obrador y la Conago

POR PASCAL BELTRÁND EL RÍO

Ayer le contaba que, montado en su triunfo arrollador en las elecciones del 1 de julio –que no sólo le dieron la Presidencia de la República, sino también la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en 18 de las 32 legislaturas estatales–, Andrés Manuel López Obrador se propone cambiar de raíz la relación entre el Ejecutivo federal y los gobernadores. Ayer se reunió con ellos.

También le relaté aquí que, antes de 1997, ser gobernador implicaba –salvo muy pocas excepciones– ser cuate del Presidente en turno, quien disponía a su antojo del cargo del mandatario estatal, como si se tratara de un subalterno y no de un servidor público electo por la ciudadanía.

Eso comenzó a cambiar en 1986, cuando el entonces gobernador saliente de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, se rebeló al presidente Miguel de la Madrid y comenzó a denunciar el alejamiento del régimen de los principios de la Revolución Mexicana. Luego, ya fuera del gobierno estatal, Cárdenas encabezó la mayor ruptura interna que hubiese experimentado el PRI.

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Presidente removió a tantos gobernadores que llegó un momento que 36 millones de mexicanos vivían en una entidad cuya principal autoridad no había sido designada por los votantes.

Sin embargo, el siguiente sexenio, algunos mandatarios estatales comenzaron a ponerse duros con Los Pinos. Cuando el presidente Ernesto Zedillo quiso quitar al tabasqueño Roberto Madrazo –ofreciéndole incluso un cargo en el gabinete–, éste simplemente se negó.

En comicios presidenciales de 2000, se dio el hecho inédito de que los tres principales candidatos tenían experiencia como mandatarios estatales: el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán y jefe de Gobierno capitalino con licencia; el priista Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa, y el panista Vicente Fox, gobernador de Guanajuato con licencia.

Cualquiera que ganara se convertiría en el primer Presidente de la República en haber sido gobernador desde que llegó a Los Pinos el veracruzano Adolfo Ruiz Cortines, 48 años antes. Y tras el triunfo de Fox, otros mandatarios estatales se sintieron con derecho de aspirar a la Presidencia, pues si el guanajuatense había llegado, ¿por qué ellos no?

Fox apenas tenía año y medio en Los Pinos cuando la mayoría de los gobernadores del país –16 priistas y siete perredistas– formaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Los nueve mandatarios estatales de extracción panista tardaron un año en sumarse al grupo, pero al final lo hicieron.

A partir de entonces, la Conago se convirtió en un grupo de presión que –después de algunas resistencias por parte de Fox– lograría sacar grandes canonjías para sus respectivas entidades a tres presidentes de la República y a los legisladores federales.

Los mandatarios estatales habían encontrado la manera de incidir en la política nacional y se convirtieron en protagonistas de la sucesión presidencial. En 2006, uno de ellos, Andrés Manuel López Obrador, estuvo a punto de alcanzar la Presidencia. Seis años después, el mexiquense Enrique Peña Nieto lo consiguió.

Entre 1997 y 2012, los gobernadores vivieron sin la tutela de un Presidente, como había ocurrido antes, durante décadas.

Peña Nieto comenzó a revertir esa situación, negociando las reformas electorales con las cúpulas partidistas, que sustituyeron a los gobernadores como factor de poder.

Ahora, López Obrador busca dar otra vuelta de tuerca a la relación con los mandatarios estatales, la gran mayoría de los cuales (27) no tendrán relación política alguna con su partido cuando él asuma formalmente la Presidencia de la República.

A muchos de ellos, el tabasqueño podrá controlarlos mediante los congresos locales, en los que su coalición tendrá mayoría como resultado de los comicios del 1 de julio.

Asimismo, López Obrador decidió cancelar las delegaciones de las dependencias federales que han existido desde hace años –y que con mucha frecuencia se han llenado con la anuencia del gobernador o, de plano, por nombramiento directo de éste– y sustituirlas con un poderoso delegado único o “coordinador federal de programas sociales”.

Todo indica que quien ocupe ese cargo –como Delfina Gómez, en el Estado de México– se convertirá en un gobernador a la sombra, con el que el mandatario estatal tendrá que compartir el poder.

Así, pues, parece que llegará a su fin la era de los gobernadores todopoderosos.