Razones: La sociedad civil no designa fiscal

POR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

La sociedad civil no es lo que nos dicen algunos de los que se dicen sus representantes. No es un grupo de asociaciones que se asumen como un ente de poder equiparable a los del Estado, o la llamada sociedad política. Es el poder de los ciudadanos, de la sociedad expresado de muchas formas diferentes, pero con un fin común, defender ante el Estado sus derechos y libertades. Pueden ser mayoritarios o de una minoría. No representa a todos, pero sí a sus propios intereses civiles. Desde Tocqueville hasta Habermas, pasando por Gramsci, todos los grandes teóricos de la sociedad civil coinciden en esos puntos fundamentales.

En la actualidad y mucho más por lo que viene, defender derechos y libertades será fundamental. No sólo en México, sino en buena parte de las democracias contemporáneas. Existe un gen autoritario que ante los desafíos siempre tiene la tentación de encontrar enemigos inclasificables, sea la mafia en el poder o el Estado profundo de Trump, que sirven para coartar derechos y libertades. Toda acción ciudadana que no esté enmarcada en las instituciones del Estado conforma ese ente tan difícil de clasificar que llamamos sociedad civil. Precisamente por eso, la sociedad civil no puede ni debe reemplazar al Estado y sus instituciones.

En muchos puntos opinamos distinto que López Obrador, pero en el tema del próximo fiscal general y del fiscal anticorrupción, el Presidente electo tiene toda la razón, como la tuvieron en este mismo tema antes tanto Felipe Calderón como Peña Nieto. Esos fiscales deben ser elegidos con base en propuestas del Ejecutivo, por una mayoría calificada del Senado. Así está en la Constitución y la ley, y para eso sirven las instituciones, para eso se ganan y pierden elecciones y las organizaciones civiles están en todo su derecho a presionar, criticar y proponer, pero no tienen prerrogativa alguna para decidir, por la sencilla razón de que nadie los eligió a ellos: son producto de su propia organización y ejerciendo un derecho legítimo plantean su propia agenda.

Las instituciones del Estado son otra cosa. No se trata de tener fiscales carnales o no, se trata de designar en el Senado a quienes una mayoría de dos tercios de los legisladores decidan. Fue un grave error, cuando se tenían los votos necesarios para ello en el Senado, no sacar adelante la designación de Raúl Cervantes como fiscal, no sólo porque estaba calificado para serlo, sino también porque hubiera sido un real contrapeso de poder al nuevo gobierno, entre otras razones porque el cargo de fiscal dura nueve años de forma tal que es transexenal. Las argumentaciones que esgrimieron las ONG que se opusieron a ese nombramiento no eran válidas, ya que el mismo no vulneraba la ley y Cervantes tenía los votos como para ser elegido, por ende, era un nombramiento legítimo.

La petición en change.org para que no se eligiera a Cervantes alcanzó cerca de siete mil firmas. El Congreso ha sido votado por más de 60 millones de electores. Fue la debilidad gubernamental la que impidió que esa designación o cualquier otra que se impulsara en el Senado, saliera adelante. López Obrador no tendrá, por sí solo, incluso con sus aliados, la mayoría calificada de la Cámara alta, pero no dudo que buscará una candidatura que pueda sacar adelante con los votos de alguno de los partidos de oposición, sea el PRI o el PAN. No necesitará un esfuerzo político notable.

Sé que para algunos es políticamente incorrecto sostenerlo, pero para eso hay elecciones y para eso se ejerce el poder. Y también por eso también se castiga electoralmente. La función de las ONG no es designar fiscales o hacer justicia, es vigilar y hacer público el comportamiento de las autoridades y movilizar a la ciudadanía en el sentido que lo consideren necesario.

Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (que no son ni representan a toda la sociedad civil) deberían opinar y hacerlo con sentido y fuerza sobre el tema de la amnistía propuesta por la futura administración.

Como se la presentó en la campaña era algo intransitable, porque incluía a delincuentes de todo tipo. Pasada la elección, ya el tema se ha matizado y se ha dicho que no incluirá hechos de sangre ni secuestradores. Pero el tema está muy lejos de estar resuelto.

Debe haber una amplia consulta y no se debe permitir que a cambio de una falsa reconciliación se imponga la impunidad. Por supuesto que hay mucha gente que está detenida y que podría estar en libertad o cumpliendo penas que no deberían implicar permanecer en prisión.

Pero también desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal hemos visto innumerables personajes que son en realidad delincuentes muy peligrosos que han terminado libres y algunos hasta indemnizados por una errónea interpretación sobre, por ejemplo, las faltas al debido proceso.

Desgraciadamente, al mismo tiempo que ha habido organizaciones civiles que han cumplido un papel notable en la búsqueda de la justicia, otras han terminado lucrando, de una u otra forma, con el fin de garantizar impunidad. Es la mejor demostración de que no hay una sociedad civil homogénea ni alguien que la represente como un todo. Hay libertades, hay derechos, pero también agendas políticas e intereses, como en todo juego de poder.