Desarrollo urbano insiste que instalación de videocámaras está fuera de la ley

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A las empresas MER Group-Comtelsat, que a su vez presuntamente subcontrató a Engineering Solutions de México para instalar un sistema de video-vigilancia en la ciudad, no se les dio permiso para colocar postes, cámaras y una antena porque violan normas municipales, estatales y federales, incluso la Constitución, y se negaron a presentar los permisos que debían obtener de otros ámbitos de gobierno.

Así lo informó la directora municipal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, América Carmona Olivares, quien reiteró que el Ayuntamiento de Xalapa “no tiene intención de negar” las licencias correspondientes ni causar perjuicio a la sociedad, como dichas empresas y el Gobierno del Estado pretenden hacer creer.

Explicó que la ley que regula las construcciones públicas y privadas del estado de Veracruz establece que toda acción que transforme el estado actual o natural de cualquier predio, mediante obras o instalaciones, requiere de la autorización previa y expresa de los ayuntamientos, y las licencias deberán sujetarse a los programas de desarrollo urbano estatal y municipal.

América Carmona expuso que MER Group-Comtelsat, a través de su representante legal, Carlos David Itzmoyotl Cholula, solicitó el 1 de marzo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente los permisos, licencias y/o anuencias para la instalación, electrificación y operación de un sistema de circuito cerrado de televisión CCTV en diferentes puntos de la ciudad.

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Tras revisar la documentación presentada, como consta en el oficio DDU/1419/2018, de fecha de 2 abril –continuó–, se negó los permisos porque no se acreditó autorizaciones de la Subdirección de Protección Civil Municipal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni la no afectabilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).

Tampoco se presentó un proyecto integral actualizado de la red y ubicación de los postes para instalar las cámaras de vigilancia, por lo que se solicitó cumplir con estos requisitos.

De acuerdo con la funcionaria, las empresas plantearon que la torre central de operación para el funcionamiento de las cámaras se ubicaría en la parte más alta del Área Natural Protegida “Parque Ecológico Macuiltépetl”, por lo que se le requirió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, que tampoco presentó.

El 1 de marzo, la empresa Engineering Solutions de México solicitó los mismos permisos y obtuvo idéntica respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través del oficio DDU/1420/2018, pues su documentación incumplía los mismos requisitos.

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MER Group-Comtelsat, a través de su representante legal, el 6 de abril presentó un escrito en el que argumenta que no es necesario exhibir permiso de la SCT, por ser un asunto de jurisdicción federal.

No obstante, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante el oficio DDUYMA/160772018, de fecha 11 de abril, aclaró que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios –en los términos de las leyes federales y estatales– están facultados para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, y otorgar licencias y permisos para construcciones.

Por lo tanto, dice el oficio, “esta Dirección, para estar en aptitud de expedir la licencia debe respetar lo que señalan las leyes federales y estatales”, los artículos 8 y 14 de la Ley General de Vías de Comunicación, conocer el permiso de la SCT para utilizar las vías generales de comunicación, así como el contrato con la dependencia estatal correspondiente, que acredite que se trata de una prestación de servicio público.

Desde el 11 de abril, la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente levantó evidencias de que a pesar de no contar con la licencia de construcción (por estar en proceso de trámite), MER Group-Comtelsat realizó trabajos de instalación de postes, excavaciones y perforaciones en la vía pública, causando daños, y le pidió repararlos y regularizar su trámite legal.

A pesar de la notificación, no se obtuvo respuesta de la empresa, pero sí múltiples quejas ciudadanas por las obras realizadas en diversos puntos de la ciudad.