Los Impuestos Y La Corrupción: El Caso De Veracruz

Omar Carreón Abud

Protestan -y con toda razón- los antorchistas veracruzanos, porque el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, se rehúsa a levantar obras y llevar servicios públicos a comunidades marginadas del estado, sin ninguna razón válida. Subrayo las palabras “sin ninguna razón válida”, porque en las pocas, poquísimas veces en que el señor gobernador se ha ocupado de atender personalmente a los dirigentes del antorchismo veracruzano, nunca ha argumentado que se trate de reclamos para obras innecesarias o pretensiones de disfrutar de lujos absurdos, todo lo más, como lo hizo en reunión del pasado diciembre, les ha pedido que recorten sus peticiones para atenderlas, “prioricen”, es el eufemismo que se aplica en estos casos, aunque, a la fecha, no se ha preocupado de honrar su palabra y resolver el pliego ya disminuido, peor aún, ahora menudean las amenazas en el sentido de que se va a usar a la policía para golpear a los inconformes si se deciden a usar su derecho constitucional a la manifestación pacífica.

Son las clases trabajadoras las que, con sus impuestos, cargan la mayor parte de los ingresos del gobierno, eso, sin detenerse a precisar que los impuestos que pagan las empresas salen también del esfuerzo y desgaste de los trabajadores pues no se sabe de la existencia de ninguna empresa en el mundo que funcione sin obreros. Tengo a la vista un cuadro publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se detallan los “Ingresos tributarios del gobierno federal” para el año 2010 y ahí se consigna que, por el “Sistema de renta”, en el rubro ‘asalariados’, ingresa el 24 por ciento del total y, por el pago de IVA, ingresa otro 40 por ciento, en total, 64 por ciento; aunque es cierto que no sólo los trabajadores pagan IVA, su número, en comparación con la cantidad más pequeña que forma parte de las clases altas, no deja lugar a dudas acerca de cuál es la clase social que sostiene al gobierno.

Pues bien, es precisamente a estas clases laborantes a las que no pocos funcionarios reciben de mala gana y de peor disposición cuando se atreven a incursionar en sus oficinas a solicitar un tanque de almacenamiento y unos tubos para llevar agua potable a sus viviendas, a solicitar algún drenaje para atenuar las enfermedades que padecen sus hijos o una electrificación que, además, van a pagar a precio ascendente cada dos meses o, alguna otra obra o servicio que haga menos dura y más llevadera su existencia. A lo largo de los años y después de encabezar miles de veces a los peticionarios, los antorchistas hemos aprendido que muchos funcionarios públicos tienen un tabulador de respuestas estudiadas para desanimar o, en su caso, despedir a los impertinentes. “¿Quién les dio la cita?”, “salió a ver al gobernador”, “está en una reunión”; con más suerte, y ya estando frente al funcionario, éste interrumpe, está impaciente, lo va a considerar, no está incluido en el plan de trabajo, no hay recursos, etc., etc. Total, nada. Cuando cobra un cheque ¡el que cobra cheque! ya viene aplicado el descuento por impuesto sobre la renta, cuando compra mercancías, paga el IVA sin falta y, cuando pide un poco de los impuestos que pagó para que se apliquen en su pueblo o su colonia, los funcionarios se disgustan y amenazan.

Los tremendos recortes de impuestos que concedió Donald Trump a las grandes empresas norteamericanas, tienen muy nerviosos a los economistas oficiales porque temen que muchos capitales se retiren de nuestro país y vayan a colocarse en Estados Unidos que ofrece mejores condiciones fiscales y que, otros capitales, ni siquiera consideren invertir en México a pesar de los salarios de hambre que aquí se pagan. Han pensado, por tanto, en bajar todavía más los impuestos que pagan las empresas en nuestro país, quieren entrarle a la guerra de los bajos impuestos y ¿cómo piensan compensar los ingresos del gobierno? Aumentando el IVA, el impuesto al consumo que pagan en gran proporción los trabajadores. Más carga sobre sus hombros.
Veamos las declaraciones de Aristóteles Núñez Sánchez el pasado 18 de febrero en La Jornada: “Una reforma fiscal para contrarrestar los efectos a las modificaciones del sistema tributario que hizo Estados Unidos en diciembre pasado, no será posible este año, pero sí se pueden dejar las bases para realizarla en 2019”, consideró el hasta hace unos días, jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Al ser cuestionado sobre la propuesta de generalizar el impuesto al valor agregado (IVA) que hicieron diversos organismos del sector privado, “el consultor financiero sostuvo que es factible, pero se debe revisar si hay condiciones sociales y políticas para lograrlo”. Y los funcionarios que niegan las obras y los servicios elementales a que tienen derecho quienes pagan los impuestos, les hacen un flaco favor a los que esperan confiados las buenas “condiciones sociales y políticas” para aumentar más la carga fiscal sobre la espalda de los trabajadores y sus familias.

Un dato que publicó el actual presidente de la República cuando era candidato: “sólo el 13 por ciento del gasto público federal en desarrollo humano (educación, salud, apoyos al ingreso) llegó al 20 por ciento de la población con menos ingresos en 2008, mientras que 32 por ciento del gasto, benefició al 20 por ciento de la población más rica”. La información original es de 2011, en ese sentido el dato es algo antiguo pero, en cuanto retrata fielmente una realidad muy actual, es una información extremadamente vigente y valiosa ya que, para las clases trabajadoras, no hay ningún cambio favorable. ¿No es la discrecionalidad en la aplicación del dinero de los trabajadores mexicanos, dirigiéndolo muy preferentemente a la misma clase social a la que pertenecen los gobernantes, una forma de corrupción de la que nadie habla? Mientras en Veracruz se alardea de combatir de frente a la corrupción, cautelosamente, sin que la gran mayoría de los veracruzanos esté plenamente consciente, se usan sus impuestos para beneficiar sólo a los paniaguados del señor gobernador ¿No es esto corrupción?