Inseguridad: sociedad al quite

El deterioro de la seguridad pública en el país es dramático. Y no hay forma de entenderlo, sino como un estrepitoso fracaso de la clase política.

Los debates que hemos escuchado en días recientes no hacen sino confirmar esta conclusión.

No hay otra demanda más sentida por parte de la población que recuperar la tranquilidad en las calles. Sin embargo, los políticos, lejos de ofrecer soluciones prácticas y abordar este tema como un asunto de Estado, aprovechan dicha demanda para propinar golpes a sus adversarios.

¡Como si hubiese un solo partido político con derecho a sentirse ajeno al problema y culpar a los demás de este grave problema!

Teóricamente, en una democracia el ciudadano renuncia a proteger por sí mismo su vida y la de sus seres queridos y sus bienes y pone esa responsabilidad en manos de la autoridad.

Pero en México es cada vez más frecuente que el ciudadano se vea orillado a adoptar medidas de forma personal para hacer frente a la inseguridad.

Éstas pueden ser pasivas (dejar de acudir a sitios que se han vuelto peligrosos, por ejemplo) o activas (colocar rejas u otros elementos de protección en casas, negocios y calles o incluso formar grupos de personas que hacen las labores de patrullaje que corresponden a los cuerpos de seguridad).

Mientras tanto, ¿qué sucede en el estrato de las autoridades? El gobierno federal cruza acusaciones con los gobernadores y éstos con los presidentes municipales. Los partidos se recriminan unos a otros su insensibilidad o desconocimiento sobre el tema. Y las Fuerzas Armadas son obligadas a hacer una función que no les corresponde para llenar el vacío de unas policías que no sirven o de plano no existen.

Nada de esto ha ayudado a contener la ola criminal que azota muchas regiones.

Por desgracia, la temporada electoral que ya tenemos encima no puede sino empeorar las cosas.

¿Por qué? Por tres razones.

1) Generalmente, los tiempos de transición se han constituido en momentos de franca debilidad institucional para enfrentar a los criminales, que saben bien cómo aprovecharlos.

2) La batalla por los cargos de elección popular reduce la de por sí débil voluntad de los partidos políticos para construir acuerdos de cualquier tipo, incluidos los que tienen que ver con la seguridad pública.

3) Los posicionamientos que sobre este tema comenzamos a escuchar por parte de quienes seguramente serán candidatos a dichos cargos denotan una escasa voluntad de atender en serio esta grave situación.

Se ha puesto mucho énfasis en la ocurrencia –es difícil llamarle de otra manera– lanzada el pasado fin de semana por Andrés Manuel López Obrador para recuperar la paz pública mediante una “amnistía” a los delincuentes.

Coincido con quienes han dicho que se trata de una pésima idea, pues, entre otras cosas, se olvida de la justicia que se debe hacer a las víctimas, todo en aras de confiar en que los delincuentes se porten bien en el futuro.

De hecho, es tan absurda que resulta legítimo especular que AMLO únicamente la lanzó para que se hable de él y su tercer intento por llegar a la Presidencia, pues había quedado sepultado mediáticamente por el destape de José Antonio Meade.

Dicho eso, hay que señalar que ninguno de sus eventuales rivales en la contienda que culminará el 1 de julio ha mostrado alguna tesis que resulte novedosa para sacar al país de este atolladero o siquiera la disposición de discutir seriamente con el resto de las fuerzas políticas para encontrar una solución.

Eso obligará a la sociedad civil a actuar de forma más decidida. Y no me refiero a que los ciudadanos hagan justicia por propia mano –cosa que, estoy convencido, no resuelve el problema e incluso puede empeorarlo–, sino a empujar a las autoridades a dar pasos concretos para hacer lo que constitucionalmente es su deber.

En ello, debe actuar organizada, sin prejuicios y tratando de no exacerbar los ánimos de confrontación de las fuerzas políticas. Debe conminarlas a colaborar y ayudar construir los escenarios que hagan posible ese trabajo en común.

Afortunadamente, hay lugares del país donde, de esa manera, la seguridad pública se ha mantenido o se ha recuperado. No hay político que se haga el sordo cuando la sociedad se organiza en serio.

Lo que no sirve de nada es tomar partido por alguna de las fuerzas políticas que achacan a las otras la responsabilidad exclusiva de lo que está pasando, o pensar que con la llegada de alguna de ellas a la Presidencia en 2018 es suficiente para que el problema se resuelva.

EL INFORMADOR