Gasto obligado

A más tardar el próximo 15 de noviembre, como dispone la ley, la Cámara de Diputados tendrá que haber aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018.

Si se le mira por encima, será un documento con pocas novedades. Algunas dependencias alcanzarán un aumento en la cantidad de dinero que podrán erogar; otras quedarán tablas y unas más sufrirán un recorte. Es decir, lo normal de cada año.

Seguramente vendrán debates sobre por qué tanto aquí y por qué tan poco allá, pero al final el PEF se aprobará y todos contentos.

Desde que, en 2004, el presidente Vicente Fox vetó el presupuesto que había aprobado la Cámara de Diputados, la construcción del gasto se ha realizado sin mayores jaloneos y ha sido avalado por la gran mayoría de los legisladores.

Lo verdaderamente importante de este proceso anual corre por debajo de la discusión de los partidos. Lo conozcan o no, éstos simplemente no lo abordan.

¿A qué me refiero?

Año con año, la parte comprometida del gasto público ha ido creciendo, dejando un espacio fiscal cada vez más estrecho para las políticas públicas.

El llamado gasto no programable consiste en los pagos pendientes de años anteriores; los gastos destinados a la deuda pública; las obligaciones por derechos adquiridos, como las pensiones, y los recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales.

En 2015, con un presupuesto total de cuatro billones 839 mil 635 millones de pesos, el gasto no programable fue de un billón 56 mil 517 millones de pesos (21.83%).

Tres años después, con un presupuesto de cinco billones 236 mil 375 millones de pesos, el gasto no programable será de un billón 504 mil 687 millones de pesos (28.7%).

Es decir, en ese lapso el presupuesto ha crecido en 396 mil 740 millones de pesos, u 8.2%, mientras el gasto no programable ha aumentado en 448 mil 170 millones de pesos, o 42.4 por ciento.

De mantenerse el actual ritmo de crecimiento de los ingresos fiscales, así como de la porción comprometida del presupuesto, y de no reducirse sustancialmente la deuda del sector público, a finales del próximo sexenio el gasto programable –es decir, el dinero con el cual el gobierno federal cumple con sus responsabilidades y otorga servicios– podría ser casi del mismo tamaño del gasto no programable.

Eso nos debería llevar a hablar sobre el elefante en la habitación al que casi nadie quiere nombrar: la necesidad de elevar los ingresos de la Federación.

Parece ineludible que el próximo gobierno –el que surja de las elecciones de julio entrante– tenga que realizar su propia reforma fiscal.

Y más vale que, durante la campaña, los candidatos y sus partidos sean lo suficientemente honestos con los votantes para decirles que no habrá de otra sino elevar la recaudación y que eso probablemente implique incrementar los impuestos. De otro modo, los ciudadanos se sentirán engañados.

Podrá volverse más eficiente y honesto el gobierno –ojalá ocurra lo uno y lo otro– y de esa forma, reducir su gasto, pero se ve muy difícil que, con el actual esquema fiscal, las autoridades federales puedan generar ingresos por encima de los actuales 13 puntos del Producto Interno Bruto.

El crecimiento de la economía también podría traer mayores ingresos fiscales, pero no se ve nada en el horizonte inmediato, nacional o internacional, que nos permita esperar un incremento del PIB por encima de 2% o 2.5%, promedio de años recientes.

Es cierto, una parte de México ha alcanzado altos niveles de desarrollo. Pero mientras esa porción del país tenga que jalar la pesada carga del México atrasado, anclado en la economía informal y dependiente de los subsidios, difícilmente se podrá detonar el crecimiento requerido.

Además, en 2018 sostener las pensiones de 5.1 millones de mexicanos costará al erario cerca de 800 mil millones de pesos.

En 2015, la erogación por el mismo concepto fue de unos 550 mil millones de pesos, lo cual da cuenta del crecimiento de esas obligaciones. Y lo peor es que, según algunas estimaciones, el monto que se paga por pensiones podría seguir creciendo hasta mediados del presente siglo.

Así que necesitamos una verdadera revolución en la política económica, una que nos saque del peligroso encogimiento del gasto programable, que de 2013 a 2018 se redujo de 21 a 16.9 puntos del PIB.

Pero para poder proponerla, lo primero que hay que hacer es hablar con la verdad.

EXCELSIOR